El STEC-IC denuncia con firmeza la pasividad y el incumplimiento reiterado de las administraciones en relación con la dotación de canchas techadas y espacios de sombra en los centros educativos de Canarias.

No hablamos de un asunto menor, sino de un problema estructural, crónico y cada vez más grave. Miles de alumnos y docentes continúan expuestos a temperaturas insoportables durante recreos, clases de Educación Física y cualquier actividad al aire libre: desde actos escolares hasta actividades culturales, deportivas o de convivencia. En el sur de las islas y en las orientales, las condiciones resultan, sencillamente, inhumanas.

La exposición continuada a estas circunstancias podría derivar en situaciones de riesgo para la salud, tales como mareos, deshidratación o golpes de calor. Además, a medio y largo plazo, la falta de protección frente a las altas temperaturas puede suponer un deterioro del rendimiento académico y laboral, un aumento del absentismo y la aparición de dolencias recurrentes como cefaleas, fatiga crónica o problemas dérmicos. Asimismo, se eleva la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, daños oculares y patologías graves como el cáncer de piel. En definitiva, nos encontramos ante una vulneración potencial de derechos básicos, amparados por normativas que la Consejería y los ayuntamientos están ignorando deliberadamente.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a garantizar espacios seguros y saludables. El Estatuto de los Trabajadores (art. 19), que protege frente a riesgos en el ámbito laboral. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), que asegura el derecho del alumnado a una educación en condiciones dignas. Finalmente, la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que exige a las administraciones adoptar medidas de adaptación en territorios vulnerables como Canarias.

En el caso de los colegios, los ayuntamientos son los responsables directos del mantenimiento y adaptación de las infraestructuras. El STEC-IC denuncia que, pese a ello, muchos siguen desatendiendo sus obligaciones, lo que deja a alumnado y profesorado soportando condiciones indignas. Sin embargo, la Consejería tampoco puede desentenderse: aunque no tenga la competencia directa sobre los edificios, sí tiene la obligación de velar por la salud y seguridad de la comunidad educativa, de mediar y presionar a los ayuntamientos, y de garantizar que los centros cuenten con los recursos necesarios.

En los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), donde la competencia de infraestructuras es exclusivamente de la Consejería, la falta de acción es aún más injustificable.

Además, el protocolo de actuación ante altas temperaturas publicado recientemente no soluciona nada:

- Delegación excesiva de responsabilidades: se obliga a los centros a concretar medidas como horarios, cambios de actividad o adaptación de espacios en función del nivel de alerta, descargando en los equipos directivos y claustros una presión que corresponde a la Administración.

- Inseguridad jurídica para los docentes: cada centro debe adaptar e interpretar las medidas, lo que puede derivar en decisiones dispares y contradictorias. En caso de que llegara a producirse un incidente grave de salud, ¿quién respondería? El profesorado queda desprotegido, sin un marco homogéneo que respalde legalmente sus actuaciones.

- Falta de recursos materiales y humanos: se habla de reorganizar actividades y espacios, pero no se garantizan inversiones en climatización, refuerzo de personal o infraestructuras. Sin medios, lo único que se consigue es repartir culpas en lugar de proteger de verdad a alumnado y profesorado.

- Desigualdad entre centros: la aplicación del protocolo genera una brecha entre colegios con más recursos (espacios ventilados o sombreados) y otros que dependen de aulas prefabricadas o instalaciones precarias. Esto es inadmisible cuando se trata de un derecho básico como la protección de la infancia (art. 19 Estatuto de Autonomía de Canarias).

- Ausencia de corresponsabilidad administrativa: aunque el texto habla de coordinación, en la práctica descarga la gestión del riesgo climático en los centros, sin mecanismos ágiles de apoyo inmediato.

No se trata únicamente de techar patios y canchas; la Administración dispone de un amplio abanico de medidas que podría poner en marcha de manera inmediata para proteger a alumnado y profesorado:

- Instalación progresiva de sistemas de climatización y ventilación adecuados en las aulas, priorizando los centros más afectados por el calor extremo.

- Incorporación de toldos retráctiles, pérgolas y arbolado en patios y zonas de recreo, creando espacios de sombra natural y sostenible.

- Dotación de sistemas de ventilación cruzada y aislamiento térmico en edificios escolares antiguos para reducir el efecto invernadero en las aulas.

- Revisión de los horarios escolares en periodos de alerta por calor, garantizando flexibilidad y seguridad sin cargar la responsabilidad sobre los equipos directivos.

- Refuerzo de personal de apoyo para reorganizar actividades y vigilar al alumnado en condiciones seguras.

- Habilitación de fondos extraordinarios específicos para ayuntamientos y centros, de manera que puedan acometer obras urgentes de adaptación climática.

- Creación de un plan de emergencia sanitaria específico frente al calor, con protocolos claros y homogéneos de actuación ante incidencias.

Estas son medidas realistas, asumibles y perfectamente aplicables si existiera voluntad política.

Desde el STEC-IC exigimos: 

1.    Suspensión de la actividad lectiva mientras persista la ola de calor o se tomen medidas paliativas urgentemente.

2.    La aprobación urgente de un plan integral de infraestructuras escolares y su ejecución inmediata.

3.    El techado de todas las canchas de los centros educativos, sin más retrasos ni promesas vacías.

4.    La creación de espacios de sombra amplios y suficientes en patios, zonas comunes y áreas de recreo.

5.    La adaptación climática de los centros como medida prioritaria, acorde con la realidad del cambio climático en Canarias.

6.    La asunción de responsabilidades directas por parte de los ayuntamientos en los colegios, bajo la presión y supervisión de la Consejería, y el cumplimiento pleno de las competencias de esta última en los IES y CIFP.

Lo decimos alto y claro: no aceptaremos más excusas, ni más promesas incumplidas. ¡La salud, la seguridad y la dignidad de la comunidad educativa canaria no son negociables! 

¡FRENTE AL CALOR, EXIGE INVERSIÓN!