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Miercoles, 15 de Marzo de 2023 12:06

Demandamos un plan de estabilización real para el Profesorado Interino de Canarias

Demandamos un plan de estabilización real para el Profesorado Interino de Canarias
Dña. Manuela Armas, Consejera de Educación, y D. Fidel Trujillo, Director General de Personal.

Ainhoa K. Claver

Profesora de música y miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC

 

La Consejería de Educación sigue tratando de vender a toda costa un plan de “estabilización” que va a suponer una mayor incertidumbre y precariedad laboral para un amplio sector del profesado interino. En declaraciones recientes, Fidel Trujillo, actual Director General de Personal de la Consejería de Educación, se muestra “convencido”, pese al sentido común derivado de una simple observación de los datos de inscripción registrados (con cuerpos docentes donde más de la mitad de inscripciones proceden de aspirantes externos/as a nuestro sistema educativo), de que la mayoría de las plazas las obtendrán docentes canarios/as.

 

Tal vez el señor Trujillo y la señora Armas podrían aclarar al colectivo interino afectado y al conjunto de la ciudadanía, cómo puede operarse este milagro. En particular, cómo puede suceder el que una mayoría de personas aspirantes externas se estabilicen primeramente en sus comunidades, si en la mayoría de cuerpos y especialidades, estos territorios apenas han sacado plazas (y la proporción es ridícula comparada con la cantidad de plazas planteadas a concurso en nuestra CCAA). También si en su esperanzada (y convencida) estimación tuvieron en cuenta que un/a interino/a docente, en su sano juicio, no paga 74 euros de tasas para este concurso a no ser que tenga posibilidades, gracias a una puntuación elevada, o si, por el contrario, piensan que la mayor parte de las personas aspirantes peninsulares son unos/as adinerados/as que van apuntándose compulsivamente a todas las convocatorias con tan sólo 6 puntos.

 

Agradeceríamos igualmente que nos aclararan por qué consideran este plan de desestabilización a gran escala “una oportunidad que no se puede perder”. En concreto, si la oportunidad es para los/as miles de interinos/as del sistema canario que van a perder su empleo, o para una Administración pública que sigue sin ser sancionada y sin respetar una normativa europea de obligado cumplimiento. Tal vez, en este sentido, podrían explicarnos cómo una sanción demandada por Europa hacia los responsables de esta Administración educativa, por haber mantenido durante 20 años a una plantilla de miles de interinos/as concatenando contratos temporales, pese a la prohibición expresa, según normativa comunitaria, de hacerlo más allá de los 3 años, se ha convertido en una sentencia de despido hacia las víctimas de su abuso. Por qué siguen adelante con un plan que, apartándose de la línea trazada por las sentencias del TJUE, estabiliza unas plazas (sin alcanzar además a reducir ni de lejos la temporalidad al 8%) en un régimen de concurrencia abierta que no garantiza la permanencia de la plantilla abusada. Por qué, para más inri, nos hacen concursar en una clara desventaja, sin haber exigido que salieran plazas en otras comunidades, o que se contabilizara, siendo ellos los responsables de nuestra situación irregular, el ser trabajador/a de la empresa pública canaria. Por qué, por último, no paralizan un procedimiento que ha sido recurrido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por desvirtuar completamente el espíritu de la normativa y, por tanto, al estar pendiente del pronunciamiento de este órgano, carece de seguridad jurídica. 

 

Les estaríamos eternamente reconocidos si pudieran además esclarecernos, sin vaguedades, cuál es el futuro que espera a todo el profesorado interino en abuso de temporalidad que no obtenga una plaza. Si, como indica la Ley 20/2021 que ampara este procedimiento y, dado que esta Consejería es escrupulosamente cumplidora de la legalidad, se procederá al despido e indemnización (por una cantidad ridícula) de todo el personal docente interino que no haya obtenido la estabilidad y se encuentre en situación irregular.  O, si por el contrario, tal como insinúa el señor Trujillo, gracias a la cantidad de jubilaciones que se prevén en los años futuros, el profesorado interino no estabilizado continuará trabajando “normalmente” en fraude de ley, concatenando contratos temporales en un régimen, aún si cabe, de mayor precariedad. En definitiva, nos encantaría saber si, como apunta esa alusión al Decreto 276, el plan de los responsables de esta Consejería es seguir ignorando los derechos laborales europeos, manteniendo a una plantilla de empleados/as públicos en listas de espera para que acudan en cuanto silben, siendo precarizados/as cada dos años a través de trámites absurdos completamente disociados de su capacidad, mérito y profesionalidad. Igualmente, sería de enorme interés el conocer la previsión de esta Consejería para la eventualidad de que en dos o tres años, cuando una gran cantidad de personal funcionario estabilizado por estos procedimientos retornen a sus territorios en la península, y parte de la plantilla de los actuales interinos/as canarios/as se haya marchado por falta de empleo, no se llegue a un colapso del sistema educativo por escasez de personal.

 

No quisiéramos terminar sin solicitar, a un gobierno progresista como el suyo, que reflexione y abogue decididamente por la mejora del servicio público educativo canario, garantizando una necesaria estabilidad de la plantilla, el cumplimiento de los derechos laborales europeos, así como el reconocimiento del valor profesional de toda la formación, la experiencia y el saber hacer asociado a un contexto socio-cultural determinado que posee nuestro profesorado interino. En suma, quisiéramos solicitarles que miren al futuro en un contexto europeo, desechen viejas fórmulas, ya caducas, heredadas, y valoren nuestra implicación, profesionalidad y trabajo.

 

Queremos un plan acorde a la normativa europea y a la doctrina del TJUE, que nos estabilice.

 

Una vez más reiteramos: No somos de usar y tirar.

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