La irresponsabilidad de las CC.AA. y la falta de liderazgo del Ministerio, hacen peligrar las expectativas de estabilidad de miles de interinos de todo el estado, especialmente en Canarias

Tras la aprobación de la LEY 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se había abierto una puerta a la esperanza para un importante número de docentes interinos que llevan años, incluso décadas, desarrollando su labor en una situación que ahora se ha venido a denominar de abuso de temporalidad. Dicha Ley establece una serie de medidas que, bien aprovechadas, permitirían corregir la grave injusticia que estas personas vienen soportando desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, lo que en otras Administraciones públicas ya empieza a tomar forma y pronto será una realidad, parece que en el sector educativo no encuentra más que obstáculos. Para empezar, nada más aprobarse la Ley en el Parlamento, el Gobierno ha empezado a desarrollar la misma en el ámbito docente mediante la modificación del Real Decreto que regula el Reglamento de Acceso a la Función Pública Docente. Y aquí aparecen los primeros problemas pues, a diferencia de otras Administraciones, el Ministerio de Educación y Formación Profesional no está del todo por la labor. No parece entender que se trata de un procedimiento extraordinario encaminado a estabilizar a las personas que, por culpa de una mala praxis de la Administración educativa, están en situación de abuso de temporalidad. Y se debe acometer este proceso, entre otras razones, porque así lo establecen reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero, por si la falta de voluntad del Gobierno estatal no fuera suficiente, la Conferencia Sectorial de Educación no pudo ir peor. En ella, los responsables del área de Educación de las diferentes comunidades autónomas acabaron sin acuerdo respecto a las oposiciones 2022, lo cual ha precipitado la adopción de decisiones unilaterales por múltiples CCAA, lanzando o anunciando convocatorias sin esperar a la modificación del actual reglamento de acceso. Esta irresponsable falta de acuerdo entre comunidades autónomas auspiciada por una incomprensible falta de liderazgo del Ministerio en un asunto tan sensible y delicado, nos pone en alerta frente a lo que pueda hacer Canarias pues, si convoca ahora al amparo del actual RD 276/2007, será malo porque privará a los opositores canarios, especialmente a los que llevan más tiempo en abuso de temporalidad, de poder optar a miles de plazas en unas condiciones mucho más favorables cuando se apruebe el nuevo Reglamento de Acceso. Por el contrario, si espera a que salga el nuevo reglamento con unas condiciones más favorables que las que habría en el resto del estado, podría ser aún peor porque sufriremos la avalancha de opositores más grande de la historia, a la luz de lo que acontece en otras comunidades autónomas.

En esta tesitura, queremos saber qué tiene pensado hacer la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, cuál ha sido su postura en esa Conferencia Sectorial y si tienen la intención de proponer algún tipo de medida para evitar el trasvase de opositores de una comunidad a otra en el caso de que opten por esperar al nuevo reglamento o si su intención es convocar por el reglamento actual.

Desde el STEC-IC siempre hemos mantenido el mismo criterio, no aceptamos un procedimiento de estabilización de plazas, lo que importa es estabilizar  a las personas y, por eso, nos opondremos a cualquier convocatoria que ponga en riesgo la estabilidad de las personas que durante años o décadas han estado desarrollando su labor educativa en Canarias. Si La Consejería está en condiciones de garantizar un procedimiento que permita estabilizar a estas personas, es hora de que nos explique en Mesa Sectorial cómo lo piensa hacer. En caso contrario, sería preferible dejar la convocatoria para otro año más apropiado y en concordancia con el resto de comunidades autónomas.

Es por ello que el STEC-IC lleva tiempo insistiendo para que la Consejería convoque una Mesa Sectorial con el fin aclarar de una vez por todas sus intenciones y exigiendo la apertura de un proceso de negociación en el seno de dicha mesa para llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad del profesorado afectado y, al mismo tiempo, negociar una oferta de empleo público que permita el ingreso de nuevos docentes mediante la ampliación de las actuales plantillas. Dos  necesidades demandadas, desde hace décadas, por el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa y que vienen recogidas en la Ley Canaria de Educación.

El próximo viernes la Consejería planteará en Mesa Técnica la convocatoria de 409 plazas de la tasa de reposición al amparo del RD 276/2007. Para el STEC-IC sigue siendo imprescindible saber qué planes tiene la Consejería con el resto de plazas de la tasa de estabilización.

Canarias, 19 de enero de 2022
Secretariado Nacional del STEC-IC

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