Silvia R. Court, miembro del STEC-IC

Las movilizaciones masivas y las expectativas de millones de personas reclamando la derogación de la LOMCE se desvanecieron.

La marea verde ocupó las calles recobrando la palabra robada por el Gobierno estatal y por algunos Gobiernos de distintas comunidades autónomas. En todos los territorios del Estado español se crearon foros de debates con análisis sobre las consecuencias que traería para la Educación pública la implantación de dicha Ley. Asimismo se plantearon alternativas concretas y globales que desgranaban cada uno de los aspectos perniciosos de la LOMCE, defendiendo el carácter público, laico y democrático de la Educación. Se reclamaba un modelo y sistema educativo que garantizara el derecho universal a una educación pública y el principio de igualdad de oportunidades.

Aquella bocanada de aire fresco esparcida por todos los rincones en los ámbitos educativos abrió puertas a la esperanza: era posible tumbar la LOMCE tras las elecciones generales, atendiendo al compromiso contraído por la gran mayoría de los partidos políticos y sellados en sus programas electorales. Mientras tanto, se empezaba a fraguar un pacto por una nueva Ley educativa consensuada con la participación de los distintos agentes educativos. Se sucedieron diversos borradores e intercambios en encuentros a nivel estatal.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Cabría señalar en primer término que actualmente es una realidad la implantación de la LOMCE. Este tema podría ser objeto de análisis en otro artículo de opinión.

El PP logró centrar el debate en la paralización de las reválidas –que no en su derogación-, mientras se profundizaba en una política de recortes dirigida a desmantelar la educación pública y a empeorar las condiciones laborales y profesionales del conjunto del profesorado. Se acometía una brutal embestida contra la labor docente y el alumnado, por un PP más débil que antes pero rodeado de fuerzas políticas que o bien consentían la puesta en práctica de la LOMCE, o respondían reclamando “medidas que amortiguaran dicho impacto”, o delegaban en una comisión parlamentaria la elaboración de una Ley alternativa. Una minoría siguió apostando por vertebrar ese pacto educativo fuera del Parlamento español, pero con poca capacidad de respuesta, ya que la marea verde quedó disuelta. Había perdido la batalla de impedir que la LOMCE entrara en los centros educativos. Una marea verde que se encontró en un callejón sin salida, exhausta, después de innumerables huelgas y movilizaciones sin obtener resultado alguno.

El PP logró imponer la Ley Wert y parece haberse naturalizado su aplicación en los distintos territorios del Estado español. En lo que respecta a Canarias nos encontramos con un Gobierno –el de Coalición Canaria- que no cuestiona cada paso que da el PP y que practica un seguidismo fiel a sus dictados.

Desde hace un año se constituyó una Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y en estos días el debate se centra en cuál ha de ser el sistema de voto para introducir modificaciones o para derogar la LOMCE. Todos los grupos parlamentarios hacen sus recuentos y sumas proponiendo algunos una mayoría cualificada, otros una mayoría absoluta o una unanimidad como sistemas de voto.

No parece que ese sea el debate que más preocupe a los agentes del ámbito educativo ni tampoco la vía, si no se implican en las propuestas alternativas también las organizaciones sindicales, sociales y las comunidades educativas y si finalmente no se deroga la LOMCE y tan solo se introducen pequeños cambios en la misma, como pretenden, entre otros, el PP y Ciudadanos.

¿Y el Gobierno de Canarias? En esta legislatura no se ha posicionado de un modo explícito ni Coalición Canaria ni la Consejería de Educación respecto a la LOMCE. Sin embargo, prevalece su mutismo y la aceptación implícita de la misma.

La Ley Canaria de Educación (LCE) se elaboró y aprobó entre otras razones para que sirviera de muro de contención frente a la LOMCE. Sin embargo, la interpretación sesgada que está haciendo el Gobierno de Canarias de la LCE está sirviendo para reforzar los postulados y la filosofía de la LOMCE.

La derogación de la Ley Wert es una necesidad imperiosa e inaplazable. El servicio público educativo está en peligro.