LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS EXIGEN AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DIÁLOGO, NEGOCIACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO REAL

La ILP de educación puede ser una oportunidad para mejorar la enseñanza pública

Fotos de la rueda de prensa

A lo largo del curso 2010-11 la Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria (IDEPC) ha desarrollado un intenso trabajo (la plataforma se constituyó en octubre de 2010).

Las principales actividades realizadas han sido: la elaboración de un manifiesto en defensa de la educación pública, apoyado por personalidades de la cultura y la investigación, y la organización de una manifestación con el lema “Por una enseñanza pública de calidad” en octubre 2010; el apoyo y recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular “Por una Ley de Educación” entre octubre de 2010 y febrero de 2011 –la ILP se entregó en el Parlamento de Canarias el 9 de julio de 2010; presentación de quejas a instancias españolas y europeas (mayo 2011); manifiesto defensa de la educación pública, apoyado por gente de la cultura y las artes, organización de una segunda manifestación con el lema “Por nuestro futuro, educación pública de calidad” en mayo 2011; y entrega de materiales a la comisión evaluadora de la OCDE (junio 2011).

El trabajo desarrollado ha supuesto la coordinación de diversos agentes sociales (familias, profesorado, asociaciones, sindicatos y grupos políticos) bajo el objetivo común de la mejora de la enseñanza pública canaria.

Convencidos de los logros alcanzados por la Enseñanza Pública Canaria (EPC), y a pesar de todas las adversidades, le pedimos al nuevo Consejero de Educación y a su equipo que devuelvan la ilusión y la esperanza a las comunidades educativas, y especialmente al profesorado. Que contribuya a restablecer la participación y la complicidad en las comunidades educativas, a recuperar la confianza de la ciudadanía en la escuela pública, a humanizar la enseñanza. Le solicitamos que, desde ya, demuestren que la entrada del nuevo equipo de Gobierno va a detener el deterioro sufrido por la Escuela Pública Canaria, especialmente grave en la última legislatura.

Y lo pedimos ya, porque la situación es crítica y necesitamos un respiro. La política desarrollada por la Consejería de Educación en la última década, caracterizada por una  progresiva descapitalización del servicio público de educación, por la desvalorización y desprestigio del profesorado, por la falta de diálogo con las comunidades educativas y por continuas actitudes de imposición de  medidas rechazadas por Sindicatos, Ampas, Colectivos sociales, Ayuntamientos, Consejo Escolar de Canarias… ha llevado a la enseñanza pública canaria a un ambiente de desmotivación y conflicto constantes.

Ante esta situación lo primero que se requiere es apertura, diálogo, negociación y consenso con los diferentes sectores que conforman las comunidades educativas. Pero, la Enseñanza Pública Canaria necesita, además de un nuevo talante, de una verdadera apuesta por el servicio público de la educación.

Y esta apuesta en la práctica precisa de la toma de decisiones comprometidas. Comprometidas con la calidad de la enseñanza, comprometidas con el alumnado más vulnerable, comprometidas  con las familias con menos recursos económicos y culturales, comprometidas con la autonomía y la democracia de los centros, comprometidas con la estabilidad y la dignificación laboral y social del profesorado, comprometidas con la escuela de todas y todos.

Y exige, en primer lugar y de forma urgente, la revisión de la planificación del curso 2011-12 y la  rectificación de las medidas puestas en marcha por la anterior Consejera de Educación y que afectan a elementos tan importantes como:

• La disminución de las plantillas. Este curso, según datos del Ministerio de Educación, Canarias ha tenido 968 profesores menos (4%) que el curso anterior y 1.200 menos que hace 2 años, mientras el alumnado creció 5.600 (2%) y 8.400, respectivamente.
• El aumento de las ratios. Según los datos del Ministerio de Educación, Canarias tiene la relación alumnado/docente más alta del Estado español.
• El aumento de los grupos mixtos.
• La cobertura de bajas y el Plan de sustituciones.
• La disminución y supresión de las medidas de refuerzo, apoyo educativo  y atención a la diversidad.
• Las dificultades para desarrollar muchos de los proyectos existentes en los centros (biblioteca, huerto escolar, salidas educativas, radio escolar…) por falta de horario y apoyo económico. Y la imposibilidad de incorporarse a otros debido a su eliminación (Mejora educativa, Centros de atención preferente…).
• La disminución de la oferta de plazas de Bachillerato, Ciclos Formativos de  Grado Medio y Superior, Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas.

Todas estas medidas son contrarias a la educación personalizada y a la autonomía de los centros en relación a la organización escolar y a la atención a la diversidad, elementos imprescindibles para mejorar los resultados y la calidad educativa (Ver Informe de Evaluación diagnóstica de 2º ESO y Recomendaciones Consejo Europa para reducir abandono escolar prematuro.)

• El recorte en las dotaciones económicas, materiales y de personal especializado, en las actividades extraescolares.
• La falta de plazas en los comedores escolares.

Estas cuestiones no permiten espera ni vacaciones. Requieren una respuesta inmediata por parte del nuevo equipo de la Consejería de Educación, si no queremos empezar un nuevo curso con tanta conflictividad como el pasado.

En resumen, en primer lugar, el sistema educativo público canario necesita mejorar en cuanto a resultados del alumnado pero también en cuanto a dotación y gestión de recursos materiales y humanos. También se necesita una forma de relación administraciones educativas-agentes educativos que sea dialogante y abierta a la negociación y al acuerdo. Por último, la ILP de educación puede ser una oportunidad para revitalizar la educación pública canaria.

La ILP constituye un reto para el Parlamento de Canarias. Las alternativas son pasar de puntillas ante ella o abordarla con la mayor profundidad posible. Esperamos que tanto el Parlamento como el Gobierno de Canarias se decidan por la segunda opción.

S/C de Tenerife 15 de julio de 2011