Desde hace muchos años, el STEC-IC viene insistiendo en la conveniencia de una Ley Canaria de Educación que dote al Sistema Educativo Canario de un marco normativo propio. Esta conveniencia se ha tornado en una apremiante necesidad en los últimos cursos ante las amenazas que se ciernen sobre la educación pública en Canarias:

-          Altas tasas de abandono temprano y fracaso escolar.

-          Ratios muy elevadas que nos sitúan a la cabeza del Estado en el número de alumnos/as por profesor/a.

-          Recortes durísimos que han menguado las prestaciones de los centros educativos en cuestiones tan importantes como las medidas de atención a la diversidad, los programas de refuerzo, la acogida temprana que permite la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, las líneas de transporte escolar, etc.

-          Disminución de plantillas docentes que incrementan la precariedad laboral, fundamentalmente del colectivo de interinos y sustitutos.

-          Empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado (incremento jornada laboral, descuentos por enfermar, sobrecarga de tareas burocráticas…)

A todos estos problemas, que parecen endémicos de la Escuela Canaria pero que entendemos que tienen solución, se le suma ahora la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que profundizará en los males antes mencionados y que traerá otros de enormes consecuencias que el STEC-IC ha denunciado incansablemente y que se podrían resumir diciendo que consisten en la quiebra de la educación como servicio público, universal, gratuito y laico.

Por todo ello pensamos que la situación es crítica y para remediarla creemos necesaria una Ley Canaria de Educación que sea una herramienta eficaz para dotar a la Escuela Canaria de iniciativa propia y de una normativa que refuerce su compromiso con la calidad, con los alumnos/as más vulnerables, con las familias que tienen menos recursos económicos y culturales, con la autonomía y democracia en los centros públicos, con la estabilidad y la dignificación laboral y social del profesorado.

Le exigimos al Consejero de Educación y Vicepresidente del Gobierno de Canarias que impulse con la mayor celeridad posible esta Ley en el Parlamento. Una Ley que debe basarse en la Iniciativa Legislativa Popular que se entregó en el Parlamento de Canarias el 9 de julio de 2010 y que cuenta con el aval de 36.000 firmas, el doble de las requeridas. Esta legitimidad social es la que le falta a la LOMCE, rechazada abrumadoramente por la comunidad educativa. La Ley Canaria de Educación debe servir como un muro de contención frente a la LOMCE

El STEC-IC, uno de los promotores de la ILP, seguirá luchando con determinación para que tengamos una Ley de Educación en Canarias que cuente con la complicidad y la participación de la comunidad educativa, que recupere la confianza de la ciudadanía en la Escuela Pública y que resuelva, si no todos, sí buena parte de los problemas específicos de la educación en Canarias. Ese es nuestro compromiso.

Secretariado Nacional del STEC-IC                      Canarias, 10 de febrero 2014

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