Las Juntas de Personal Docente de ambas provincias se reúnen con el Rector y la Rectora de las dos universidades públicas y con la Consejera de Educación.

A lo largo de la última semana, una representación de las Comisiones Permanentes de las Juntas de Personal Docente No Universitario de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, se ha reunido con la Sra. Rectora de la Universidad del La Laguna, Dª Rosa María Aguilar Chinea, y con el Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Lluís Serra Majem.

En ambas reuniones, los representantes de las dos juntas de personal han manifestado, su preocupación por la escasa oferta de plazas para cursar el Máster para impartir docencia en las etapas educativas distintas a la educación infantil y primaria y, que por su elevado coste, optar por esta formación en un centro privado no es una alternativa para la amplia mayoría de los docentes por lo que, dado que se trata de una titulación obligatoria para ejercer la profesión, las universidades públicas deben cubrir esta necesidad. Asimismo, manifestamos la necesidad de que esta formación sea ofertada cuanto antes en las modalidades a distancia y semipresencial.

Respecto a la oferta de plazas se solicitó a ambas universidades dos medidas fundamentales:

1. La inmediata ampliación de plazas destinadas a paliar el problema que sufren un número concreto de docentes que está por determinar pero que se estima que, una vez analizadas las listas con detalle, no supere el centenar de personas. Pues se trata básicamente de personas que atendiendo a la llamada extraordinaria realizada por la Consejería en el momento de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 entraron a dar clase sin tener el requisito de la formación pedagógica y didáctica que establece el art. 100.2 de la LOE. Y, que ahora, superada la situación excepcional se ha quedado sin poder ejercer la docencia por carecer de dicho requisito. 

2. La ampliación de manera permanente y de un número mayor de plazas (más del 10% que puede ampliar la universidad sin modificar el Verifica) para que en los sucesivos cursos se pueda dar respuesta a las necesidades de docentes con formación pedagógica y didáctica para atender a las demanda según la tasa de reposición anual.

Las universidades plantean, como requisitos para acceder a estas demandas, completar la plantilla docente para lo que estiman unos 20 millones de euros entre ambas universidades. Además se quejan de que en 2012 se les dejó de cumplir el contrato programa 2009-2013 y que han solicitado al Gobierno recuperar el nivel de financiación que debían tener en 2013. Por otra parte, para la primera medida, necesitarían que el Gobierno los dote de un marco jurídico específico.

Reunión con la Consejera

Además, el día 2 de agosto nos hemos reunido con la Sra. Consejera, Dª Manuela de Armas, así como con los Directores Generales de Universidades, D. Manuel Ramírez, y de Personal, D. Fidel Trujillo.
En dicha reunión, hemos trasladado las propuestas recogidas de ambas universidades, y tras un largo debate en el que la Sra. Consejera nos ha manifestado su voluntad por buscar una solución a este problema, en el que considera que el principal escollo sigue siendo la pretensión económica de las universidades pues, el contrato programa al que se refieren ambos rectores tenía un marco temporal concreto y expiro en su momento y ahora existe un nuevo convenio firmado hasta el años 2026 que se está cumpliendo e, incluso, mejorando en muchos aspectos. A pesar de ello, la Consejera se ha comprometido a buscar la fórmula para mejorar la financiación de las universidades en lo que se demuestre que sea necesario, dentro la capacidad económica de la Consejería y de la negociación que, desde hace algunos meses, están llevando a cabo pero siempre con arreglo a objetivos y en base a un programa de mejora de la calidad.

En definitiva, todo hace presagiar que la negociación no será fácil puesto que cada parte tiene sus razones aunque esperamos haber puesto las bases para que se empiecen a acercar algunas posturas puesto que, si bien es cierto que las universidades plantean ciertas demandas con las que, a priori, estamos de acuerdo (tener una financiación similar a la que tuvieron en 2013), la Consejería también tiene sus argumentos que son razonables pues, si existe un convenio firmado con la anterior Consejería que la actual está cumpliendo, e incluso mejorando, no tiene sentido exigir más dinero público de lo pactado, salvo que se negocie un nuevo acuerdo para lo que ambas partes tendrán que sentarse a dialogar las necesidades pero  no bajo exigencia.

Lo malo de todo esto es que quien sufre las consecuencias es el profesorado que se ve sin poder trabajar, el alumnado que se pueda ver afectado si no hubiera docentes habilitados en alguna lista y los/as propios/as egresados/as de las universidades públicas canarias que no podrán cursar este Máster salvo que puedan permitirse pagarlo por una privada.

Aún así confiemos en que impere la sensatez y la predisposición al diálogo de las partes y que la mediación desarrollada por las dos Juntas de Personal haya servido para desatascar un problema que llevaba años enquistado.

Financiación de la Educación Pública

En otro orden de cosas pero directamente relacionado con la financiación, el Presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas y delegado sindical del STEC-IC, D. Emilio Armas, ha pedido a la Consejera que, ahora que el Gobierno empieza a tratar el reparto de los presupuestos para 2023, sería un buen momento para tener muy presente las necesidades del sistema educativo público pues, en unos momentos por la crisis económica se priorizó la economía y se recortó de educación y de los servicios públicos, en otro momento debido a la crisis sanitaria se priorizó en la sanidad y en el empleo para salvar a las empresas, por lo tanto, va siendo hora de priorizar la educación a ver si por fin somos capaces de cumplir con el objetivo del 5% que establece la Ley Canaria de Educación.

La Consejera, no se comprometió a una cifra concreta pero sí a seguir apostando por mejorar la financiación de la educación pública.