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Lunes, 13 de Noviembre de 2017 17:28

La Junta de Personal de Las Palmas realiza una valoración muy crítica de la marcha del curso

La Junta de Personal docente de la enseñanza pública no universitaria de la provincia de Las Palmas ha realizado una valoración crítica de la marcha del curso actual que ha trasladado por escrito a la Consejería de Educación.

 

VALORACIÓN DE LA JUNTA DE PERSONAL DE LAS PALMAS SOBRE LA MARCHA DEL CURSO 2017/18 

 

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 6 de noviembre de 2017, acordó para su envío a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, la siguiente

 

RESOLUCIÓN

 

Una vez analizadas las circunstancias en que se ha iniciado el curso 2017/18 y se va desarrollando el primer trimestre del mismo, la Junta de Personal Docente de la Enseñanza Pública No Universitaria de la Provincia de Las Palmas, ha podido constatar que la Educación Pública Canaria sigue sufriendo unas condiciones que consideramos inaceptables, tanto desde el punto de vista de la situación laboral y profesional del profesorado, como desde el punto de vista del servicio público educativo que se presta a la sociedad canaria.

 

En este sentido, esta Junta de Personal manifiesta su profundo rechazo a la falta de voluntad por mejorar la situación que hasta la fecha ha demostrado el actual equipo de gobierno de la Consejería de Educación y Universidades que un curso más elude acordar un calendario de negociaciones con las organizaciones sindicales del sector.

 

Cada año, esta Junta de personal elabora un informe detallando una gran cantidad y variedad de problemas que aquejan al sistema educativo, actualmente, a pesar de las buenas intenciones mostradas por la Sra. Consejera, tenemos que lamentar que la situación sigue sin experimentar mejoras significativas. Es más, algunos de los problemas se van agravando con el paso del tiempo.

 

A continuación detallamos, de forma resumida y a modo de ejemplo, algunos de los problemas más significativos que presenta actualmente el sistema educativo en Canarias:

 

  • Las infraestructuras y el mantenimiento de los centros, más allá de actuaciones puntuales, siguen presentando un preocupante estado de deterioro y falta de mantenimiento generalizado.

  • Las ratios siguen siendo irracionalmente altas, a pesar de los continuos mensajes de mejoría económica.

  • Escasa dotación de recursos y de personal, especialmente para la atención al alumnado que presenta necesidades específicas de atención educativa (NEAE).

  • Excesiva tendencia a crear grupos mezcla en Educación Infantil y Primaria.

  • Respecto al procedimiento de cobertura de vacantes y sustituciones:​

    • Siguen sin resolverse los problemas de plantilla que se producen cada inicio de curso.

    • Una vez más se han negado a priorizar las comisiones de servicio por salud respecto a las de necesidades docente.

    • La aplicación informática CalPlan sigue prevaleciendo sobre todo principio lógico, provocando que las plantillas estén demasiado ajustadas.

    • Se siguen produciendo demasiados nombramientos posteriores al 21 de septiembre, sin embargo no han querido aceptar la propuesta sindical de considerar como nombramientos a curso completo los efectuados hasta el 30 de septiembre.

    • El actual sistema de ordenación y funcionamiento de las listas de empleo se muestra ineficaz, provocando un elevado número de nombramientos erróneos, nombramientos fallidos y nombramientos extraordinarios vía web, carentes de la menor transparencia.

    • Uso abusivo de los nombramientos a jornada parcial (desde 4 horas semanales).

    • El procedimiento de cobertura de ausencias del profesorado es deficiente y genera problemas en los centros.

  • Plantillas: Canarias se sitúa por debajo de la media estatal en lo que se refiere a plantillas docentes, estando en unos 1.235 docentes menos que la media en relación al número de matrículas (docentes por cada 100 alumnos/as). Además, si nos comparamos con Euskadi, tenemos unos 4.000 docentes menos con una población similar.

  • Canarias sigue siendo de las pocas comunidades autónomas que sigue aplicando la ampliación de la jornada lectiva del profesorado de secundaria y otros cuerpos y la única que aumentó el horario de permanencia obligatoria de dicho profesorado en los centros como medida de contención del gasto frente a la crisis.

  • Los horarios ponderados en FP son, igualmente, una medida que muy pocas comunidades aplican ya y están contribuyendo a que el profesorado de FP en Canarias se vea absolutamente desbordado por culpa de la distribución irregular de la carga lectiva que se acumula de forma significativa en los dos primeros trimestres.

  • Seguimos demandando que las Ofertas Públicas de Empleo deben llevar aparejadas medidas concretas para dar estabilidad al profesorado interino, y desvincular la gestión de las listas de empleo de dichos procesos selectivos. Expresamos nuestro rotundo rechazo a la posición de la Consejería respecto a no considerar como materia objeto de negociación toda la oferta de empleo público (oposiciones) y sólo permitir aportaciones o sugerencias.

  • Salud laboral: han desatendido la reiterada petición de esta Junta de Personal en lo referente a la derogación de la normativa que establece los descuentos en nómina por enfermedad.

  • La normativa referida, no sólo no mejora la productividad de los y las docentes, sino que perjudica la salud del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza y del propio alumnado, al verse obligados a asistir al mismo centro personas que se encuentran enfermas, que en muchos casos han sido contagiadas en el propio centro, y que son potenciales transmisoras de gérmenes que propagan esas mismas enfermedades a cientos de alumnos/as, docentes y otro personal del centro, que luego deben sufrir las consecuencias sanitarias y económicas derivadas de ese contagio involuntario cuyo único responsable es, en última instancia, la Consejería de Educación por no poner los medios a su alcance para evitarlo.

  • Rechazamos el acoso sistemático y abusivo que sufre el profesorado, por parte del servicio médico de la Inspección General de Servicios, por el simple hecho de enfermar.

  • Ley de Prevención de Riesgos Laborales: en este sentido tampoco ha habido avances. Se sigue incumpliendo el plan de vigilancia de la salud del profesorado y tampoco se han dado pasos para realizar el diagnóstico de los riesgos a que se encuentra expuesto/a cada trabajador/a en su puesto de trabajo. Desde la Dirección General de Personal se nos dice que se está trabajando en ello pero lo cierto es que no nos dan una información concreta y todo hace suponer que el personal con que cuenta el área (4 técnicos y 1 administrativo para más de 1000 centros en toda Canarias) es claramente insuficiente.

  • Formación del profesorado: la escasa inversión en este sentido va orientada fundamentalmente a cursos on-line que en la mayoría de los casos no obedecen a las expectativas de formación del profesorado, ni en las temáticas ni en el número de plazas ofertadas.

  • Labor tutorial: de este apartado, incluido en el PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL PROFESORADO establecido por la LEY CANARIA DE EDUCACIÓN (LEC), tan solo se ha contemplado un complemento retributivo que entrará en vigor a principios de 2018, sin que se hayan implementado otras medidas para que la labor tutorial cumpla con su cometido de forma eficaz. En la práctica se va en la dirección contraria ya que en FP se han reducido las horas lectivas que se computan por la tutoría de grupo.

  • Sigue sin fomentarse el aumento y regularización de las sesiones de formación para padres y madres.

  • Después de varios años demandando un plan de trabajo interdisciplinar y coordinado entre la Consejería de Educación y otras como Sanidad, Justicia o Asuntos sociales para una atención integrada en materia de prevención, actuaciones conjuntas y recursos necesarios para atender a las necesidades de determinado tipo de alumnado que presenta problemas psíquicos, educativos o sociales; este curso, como novedad se incorporarán 36 educadores sociales a diversos centros de las islas. Valoramos como positiva esta experiencia piloto pero, al mismo tiempo tenemos que decir que, además de tardía, no abarca a todos los centros de Canarias.

  • Respecto a la sobrecarga laboral, la excesiva burocratización, la injerencia en el ejercicio de la labor docente, la desconsideración hacia la labor docente… Sólo se ha tratado, y de pasada, el tema de la burocracia. De momento, solo ha habido dos mesas, la última a principios del curso pasado sin que haya habido más avances en este tema.

  • Reconocimiento retributivo y profesional de la labor docente: todo esto está recogido en el PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DEL PROFESORADO establecido por la LEC. Sin embargo, solo se ha abordado el complemento salarial por sexenios que intenta equiparar al profesorado canario con el del resto del estado. Sin embargo, desde 2010, se nos sigue hurtando entre el 5% y el 7% de nuestro salario en cada nómina. Respecto al resto de aspectos del plan, aunque en los últimos días la Consejera ha anunciado que piensan crear un servicio de apoyo psicológico al docente, lo cierto es que esa medida esconde la falta de interés por adoptar las medidas necesarias para evitar las situaciones de estrés que sufre el profesorado y que dan lugar a que necesiten apoyo psicológico.

  • Seguimos exigiendo que se dote a los centros educativos de los medios técnicos y humanos para que el profesorado pueda realizar su labor en condiciones dignas.

  • Convivencia: Las limitaciones a los programas de este tipo se siguen manteniendo. Por otra parte, se detecta un aumento de las situaciones de supuesto acoso por parte de “algunos/as” directores/as hacia el profesorado. No es generalizado pero el número va en aumento, probablemente condicionado por una situación límite creada por el agobio excesivo que todas las circunstancias que venimos describiendo en este documento van generando sobre el profesorado y que, sin pretenderlo, convierten a los centros educativos en una olla a presión donde cualquier pequeño conflicto puede ser el detonante que provoque un grave problema.

  • Negociación colectiva: No ha habido avances en este sentido. Salvo algunas cuestiones muy concretas, por lo general, no hay negociación real, de hecho, ni siquiera existe un calendario de negociaciones. Por eso, el tema de la recuperación de la jornada laboral anterior a la crisis, reducción de ratios, eliminación de tareas burocráticas y otros muchos se han ido aplazando y no parece que vayan a abordarse en un futuro inmediato.

  • Demandamos que se sigan manteniendo los cauces de participación democrática en los centros educativos, que se sigan manteniendo y se refuercen los Consejos Escolares como máximos órganos de gobierno, gestión y participación democrática de los centros.

  • Presupuesto Educativo: En este capítulo, existe un sistemático incumplimiento de los compromisos adquiridos pues los presupuestos de 2017 han sido absolutamente insuficientes para hacer frente a todas las necesidades que la Educación Pública Canaria presenta en estos momentos. En contraste, aumenta, un año más, la financiación a la enseñanza concertada. Al mismo tiempo, siguen incumpliendo flagrantemente la Ley Canaria de Educación (LEC) que prevé elevar “progresivamente” el presupuesto de educación hasta situarlo en el 5% del PIB en 2022 (actualmente apenas llega al 3,52%). Evidentemente, a este paso, tardaremos varias décadas en alcanzar el objetivo marcado por la LEC, motivo por el cual esta Junta de Personal se suma a la campaña “4% para Educación ya” que exige al Gobierno Canario que el presupuesto educativo para 2018 se eleve hasta el 4% y, en años sucesivos se incremente a razón de 0,25% cada año hasta llegar al 5%, lo que deberá ocurrir en 2022 como muy tarde para dar cumplimiento a lo que establece el art. 72 de la LEC.

  • En consonancia con lo anterior, esta Junta de Personal valora insuficiente el incremento de 100 millones de euros (hasta el 3,7% del PIB) para educación en 2018, respecto al año actual, previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónma y pide a los grupos parlamentarios que, en el debate de dicha ley, se incremente el presupuesto educativo de conformidad con la PNL que hace unas semanas aprobó el Parlamento de Canarias.

 

Noviembre de 2017.

 

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

 

Accede al escrito registrado ante la Consejería de Educación en el enlace bajo este texto.

 

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