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Martes, 04 de Junio de 2024 12:13

El STEC-IC apoya la lucha de las Escuelas Rurales y exige a Educación la inmediata publicación del acuerdo pendiente desde 2014

El STEC-IC apoya la lucha de las Escuelas Rurales y exige a Educación la inmediata publicación del acuerdo pendiente desde 2014
Escuela Rural de Tigalate, en Villa de Mazo.

No es posible modernizar y potenciar la estructura económica de nuestras medianías, abandonando a la base de su estructura cultural y educativa, nuestras escuelas unitarias, que han sido su referente, sustentando y manteniendo la población de su entorno hasta el pasado reciente.

 

Sin el reconocimiento efectivo de los valores de nuestras escuelas rurales, sin el cumplimiento de los acuerdos pactados con estas comunidades educativas para su potenciación, publicándolos en el BOC; sin el apoyo real a nuestras escuelas pequeñas, tampoco son posibles, ni creíbles, las reiteradas promesas del Gobierno de Canarias de que vaya a fomentar la recuperación y potenciación de la agricultura de medianías y su cultura, con el objetivo de conseguir mayores cotas de soberanía alimentaria. No es posible modernizar y potenciar la estructura económica de nuestras medianías, abandonando a la base de su estructura cultural y educativa, nuestras escuelas unitarias, que han sido su referente, sustentando y manteniendo la población de su entorno hasta el pasado reciente.

 

La ciudadanía canaria mínimamente preocupada por el futuro de nuestra tierra tiene memoria de la larga lucha de resistencia de nuestras escuelas rurales, desde hace muchos años en peligro de extinción, consecuencia del modelo insostenible del desarrollismo turístico y la globalización. Ha sido también una lucha por la supervivencia de un modo de vida tradicional, un renglón muy importante de nuestra economía, que ha sido despensa de nuestras ciudades, y dado de comer a muchas generaciones de canarios en épocas de penuria; jugando un papel clave en la fijación de la población y un faro de transmisión de cultura popular, ayuda comunitaria, progreso social, además de referente clave en la educación de nuestros niños y niñas y su preparación para la inserción en la vida adulta.

 

Debemos recordar aquí, que los padres, madres, abuelos y abuelas, y su profesorado, se han venido movilizando desde siempre en toda Canarias en defensa de sus escuelas, especialmente desde los años 90 del pasado siglo, cuando la Consejería de Educación, de forma insensata, trató de desprestigiarlas primero, para luego acometer el acoso y derribo de estos centros, por criterios exclusivamente economicistas, abducidos por el boom de la industria turística en nuestros litorales, situación que, lamentablemente, ha devenido en el modelo económico y social obsoleto e insostenible actual que todos y todas estamos padeciendo. Esas ‘escuelas de las laderas’, como irrespetuosamente las denominaban algunos altos cargos de la Consejería; eslogan que luego repetían como loros algunos inspectores y ‘desorientadores’, para justificar su cierre, desde que perdieran un par de alumnos, como consecuencia del desplazamiento de la población trabajadora hacia nuestros litorales del sur desde finales de los 60.

 

Esta mentalidad insensata y la falta de un modelo de desarrollo diversificado e integrador, que respete nuestros limitados recursos de suelo, agua y paisaje, ha traído como consecuencia nuestro actual modelo económico y social: obsoleto, insostenible, depredador de nuestros limitados recursos, que ha incrementado peligrosamente nuestra inseguridad y dependencia alimentaria del exterior, así como la desigualdad social, condenándonos a la mera supervivencia. Planteamientos y reivindicaciones que han evidenciado las masivas movilizaciones espontáneas de nuestra gente el pasado 20 de abril, nunca vistas en toda Canarias.

 

Hay que recordar que esta situación de nuestras escuelas rurales y su entorno en las medianías de nuestras islas y su lucha de resistencia, fue muchas veces apoyada por ayuntamientos y cabildos, en representación de los derechos de la ciudadanía de estas zonas. De este modo, ha venido consiguiendo puntualmente frenar el cierre de muchos de estos centros, especialmente en La Palma. Su lucha llegó hasta el Parlamento de Canarias. Sus justas reivindicaciones fueron reconocidas y apoyadas por todos los partidos políticos, con promesas de resolución por parte del Gobierno. Luego, todo ha quedado en palabras bonitas y sus promesas condenadas al olvido, aún siendo conscientes de que, desde que se cierra una escuela rural, sus vecinos y vecinas se ven obligados a coger la maleta y ‘mandarse a mudar’ junto a sus hij@s. Recordemos que se consiguió iniciar un proceso de negociación de muchos años, desde 2007, que desembocó en la firma de un acuerdo marco por el mantenimiento y potenciación de estas escuelas en el año 2014, y que parte de sus reivindicaciones se incluyeron en la misma Ley Canaria de Educación: “El Gobierno de Canarias promoverá una atención específica a las escuelas rurales con la finalidad de facilitar su acceso y la permanencia en el sistema educativo, en igualdad de condiciones para todos, con independencia del lugar donde residan», etc.

 

Acuerdos incumplidos, igualmente que gran parte del articulado de la misma Ley Canaria de Educación, incluida su prometida financiación progresiva.

 

Como hemos denunciado reiteradamente, dichos acuerdos no se han querido publicar en el BOC por los sucesivos Gobiernos desde 2014, debido a presiones inconfesables. Consecuentemente, se han convertido en melancolía y frustración, sin posibilidad de acometer el prometido Plan para su mantenimiento y potenciación. Un Plan que hubiera permitido dotarlas de todos los servicios que tienen otras escuelas públicas: comedor, atención temprana y tardía, derecho al transporte…, a la vez que legislar para la formación específica del profesorado en las características de este modelo de escuela cooperativa diferente; garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, para que el alumnado y las familias de estos centros puedan acceder, de verdad, a la igualdad de oportunidades y la educación de calidad, a la que tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano o ciudadana contribuyente, viva donde viva. Así que, el incumplimiento de los acuerdos y la inacción de la Consejería durante tantos años, ha sido la causa principal del cierre de muchas Escuelas Unitarias y de que otras estén resistiendo en estos momentos como en Lanzarote y La Palma. 

 

Carmen García Martín, Álvaro Martín Corujo y José Luís Hernández Martín

Miembros del STEC-IC La Palma

 

La noticia en Canarias Ahora.

 

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