Desde que el pasado 4 de noviembre se publicara en el BOC, la modificación a la Orden de 20 de junio de 2017, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y la Orden de 27 de agosto de 2018, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación a Distancia (CEAD), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se abrió todo un proceso que avanza ya en su cuarto mes y de momento, sin visos de acuerdo entre la postura de la Consejería de Educación y las Comunidades Educativas de los CEPA de Canarias.

Con una mirada retrospectiva puesta en estos meses, se constata que los equipos directivos de los CEPA, en representación de sus comunidades educativas, comenzaron pidiendo diálogo a la Dirección General de FP y Adultos (DGFPEA), culminando el 10 de diciembre en una petición de mediación ante la Diputación del Común, con la finalidad de hacer llegar las demandas de sus comunidades educativas a la consejera de Educación. A partir de esta fecha, lo que se denominó el inicio de una “mesa de diálogo” se convirtió en una ronda de citaciones a directoras y directores de los CEPA de Canarias, con la presencia de la inspección educativa, con el único fin de requerirles por lo que desde la Dirección General entendían errores en la gestión de los centros. Centro por centro han ido desgranando supuestas irregularidades en el aplicativo pincel en un histórico desde el curso 2018-2022, además, desde la Dirección General se ha tildado al profesorado de “privilegiados del sistema educativo” por no tener docencia directa los viernes, en un ataque sin precedentes a los docentes de esta modalidad educativa y poniendo en entredicho la profesionalidad del profesorado sin analizar ningún otro aspecto.

La consejera de Educación, Doña Manuela Armas, indica en los medios de comunicación que ha solicitado informes sobre los perfiles de alumnado de la FBI de cara a una posible negociación, por parte de la Consejería con la FECAM.

Todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Canarias -excepto el PSOE-, han expresado su apoyo en prensa, a la vez que los grupos parlamentarios han trasladado su postura a través de diversas intervenciones y múltiples preguntas. Las respuestas dadas desde la Consejería resaltan que el objetivo de esta Orden es conseguir aumentar el número de personas adultas que obtienen la titulación básica (título de GESO) y para ello, limitan el tiempo en máximo a cuatro años, más uno extra, previo informe estimado.

Desde las Comunidades educativas de los CEPA en Canarias, unánimemente, solicitan reconsiderar esta postura por muchas razones, entre las que se destacan:

- El derecho a la educación permanente a lo largo de la vida.

- Desde el punto de vista curricular en sólo 6 o 9 h semanales y en cuatro años (cinco, en algunos casos), es imposible alcanzar los objetivos de las enseñanzas de Formación Básica Inicial para un alumnado que presenta una enorme diversidad de perfiles en su proceso de enseñanza/aprendizaje. El equivalente, en cuanto a contenidos y capacidades desde el punto de vista curricular son los seis años de la Educación Primaria.

Pretender que adultos de diversas capacidades y perfiles lo terminen en cuatro cursos va en contra de los derechos de este alumnado, especialmente, cuando no tienen, como en otras modalidades, apoyos dentro del sistema del tipo idiomático, de necesidades educativas especiales, de atención a la diversidad, de orientación psicopedagógica ante determinadas dificultades de aprendizaje, o de índole socio educativo.

La Enseñanza de Personas Adultas incluye otros objetivos reconocidos en la normativa al respecto, que van más allá de lograr o no una titulación, etc. Esta petición ha sido avalada por el Consejo Escolar de Canarias en un informe enviado a la Consejería de Educación, informe que no se tuvo en cuenta.

Durante estos meses, la postura de los docentes y Comunidades Educativas de los CEPA ha sido apoyada públicamente por el STEC-IC y otras organizaciones sindicales, a través de los medios de comunicación y redes sociales.

La demanda del alumnado adulto ha sido secundada por gran variedad de colectivos sociales tales como la Red Solidaridad Jinámar, la Confederación de Asociaciones de Vecinos ''ALCORAC GUANCHE", las Asociaciones de Vecinos "MOVECAN", Movimiento Vecinal Canario, el Consejo Municipal de Asociaciones y entidades ciudadanas del municipio de Gáldar, así como Comunidades Educativas de CEPA de otros puntos del estado.

Desde los Ayuntamientos la solidaridad con las comunidades educativas de los CEPA se ha concretado en numerosas mociones institucionales: Ayto. Gáldar, Ayto. Guía de Isora Ayto. Santa María de Guía Ayto. Teror, Ayto. Santa Lucía de Tirajana, Ayto. Agaete, Ayto. Telde, Ayto. Moya, Ayto. Tegueste, Ayto. Arucas, Ayto. Tacoronte, Ayto. San Bartolomé de Tirajana, Ayto. Pto. de la Cruz y Ayto. de La Laguna, además de otros tantos que están en tramitación.

Los medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco de los requerimientos del alumnado de los CEPA, multitud de manifestaciones directas de los protagonistas/afectados por esta Orden: el alumnado de los CEPA de Canarias que ha alzado su voz en declaraciones públicas, testimonios personales... que no entiende el porqué de esta postura de la Consejería. Hasta aquí, la única respuesta por parte de la consejera y la DGFPEA ha sido acabar señalando la gestión de las direcciones de los centros como “culpables” de un fracaso generalizado, de errores en la gestión, llegando a manifestar públicamente que “allí ni se pasa lista, no hay control de la asistencia” ... o que el alumnado va a los centros de adultos a “entretenerse”, entre otras afirmaciones.

Parece que lo que se propone ahora, por parte de la Consejería de Educación, pues así lo ha manifestado en la ronda de citaciones de directores/as llamados a capítulo, es sacar una normativa del año 2006, que se remonta a la Ley 13/2003, de 4 de abril, de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas de Canarias para formalizar la creación de una Comisión que para nada responde a la realidad actual, por su desfase en el tiempo, y que ya está por detrás de la vigencia de tres leyes educativas posteriores en el tiempo. Toda una “pirueta” para no abordar la problemática de la Formación Básica Inicial. Todo ello, no sólo ha generado la preocupación del alumnado, sino también malestar entre el colectivo de directores/as de CEPA que ven ninguneada su gestión durante años, en medio de multitud de dificultades, con escasos recursos para afrontarlas, después de dos años duros de pandemia con multitud de burocracia administrativa extra, pero curso a curso, sacando adelante los CEPA de Canarias.

Y desde el STEC-IC nos preguntamos: ¿No piensa la Presidencia del Gobierno intervenir en este asunto en el que ya se han manifestado todos los sectores implicados en la educación, partidos políticos, sectores vecinales y sobre el que se le han hecho llegar unas 4.000 firmas recogidas en apoyo a la petición de la derogación de esta controvertida Orden?

Canarias, 22 de marzo de 2022

Secretariado Nacional del STEC-IC