EL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN APUESTAN POR EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA

Tras la supuesta “optimización de recursos”, a la que aluden nuestros mandatarios educativos, se esconde una salvaje reconversión de nuestro sistema educativo en favor de su privatización

El curso escolar 2010-11 se ha iniciado con recortes salvajes en prácticamente todos los ámbitos del Sistema Educativo Público en Canarias. Pese a que el Gobierno Autonómico, con los señores Soria y Rivero a la cabeza, intente por todos los medios transmitir una imagen de supuesta “normalidad” y buen funcionamiento, la realidad es muy diferente en los centros educativos de nuestro archipiélago. Con la manida escusa de la “crisis económica” y la necesidad de “optimizar recursos” se han realizado multitud de recortes entre el pasado y el presente curso, que responden claramente a la “hoja de ruta” trazada por el Gobierno de Canarias en su claro afán de desmantelar a medio plazo el Sistema Público Educativo en Canarias, abandonando progresivamente este sector, vital para el progreso y futuro de nuestra población, en manos de la empresa privada.

El acoso y derribo contra el Sistema Público Educativo afectan de manera flagrante al derecho a la Educación de la población canaria, reflejándose en múltiples aspectos y muy especialmente en el desmantelamiento y privatización de gran parte de nuestra Formación Profesional. Unos 140 grupos han sido suprimidos y son en torno a 5000 los/as alumnos/as expulsados del Sistema Educativo por el déficit de plazas y que, como única alternativa, se ven obligados a acudir a los centros privados para, a cambio de un suculento desembolso económico, iniciar o culminar sus estudios profesionales. Sin embargo, no sólo en la Formación Profesional se hacen sentir los drásticos recortes. Así por ejemplo, los mismos también han tenido efectos en aspectos tales como: la supresión casi absoluta de las imprescindibles medidas de atención a la diversidad para el alumnado; el cierre inopinado de centros escolares sin ningún tipo de negociación con las comunidades educativas afectadas; el desprecio hacia las escuelas unitarias de Canarias, incumpliendo sistemáticamente el acuerdo suscrito al efecto en el año 2007; la alocada adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-11, plagada de infinidad de errores que deben sufrir los docentes canarios; la masificación de las aulas con el incremento desmesurado de las ratios; el atropello continuado hacia profesorado interino y sustituto, en connivencia con determinadas centrales sindicales ajenas a los intereses de este colectivo; la desaparición de los coordinadores de formación cuyas funciones se incorporan a la Jefatura de Estudios; el acoso al profesorado de baja por incapacidad temporal; la deficiente (o inexistente según el caso) cobertura de  bajas del profesorado; el estrangulamiento y paralización de la oferta idiomática de las Escuelas Oficiales de Idiomas (supresión del árabe, ruso, chino, japonés y otras lenguas); el desmantelamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos, negándoles la posibilidad de ofertar la mayoría de las enseñanzas que hasta la fecha impartían; el cierre o disminución de plazas de comedores escolares y un suma y sigue de incontables atropellos que colocan a la Educación Pública Canaria al borde del precipicio.

Esta política del Gobierno de CC y del PP no sólo provoca el desmantelamiento de la Educación pública y empeora la calidad educativa, sino que al tiempo conlleva el deterioro de los derechos laborales de los enseñantes canarios. La disminución drástica de las plantillas de los docentes trae consigo despidos masivos del profesorado o una carga de trabajo abusiva para los que quedan. En Secundaria, por ejemplo, se ha producido un incremento (lo llaman disponibilidad para sustituciones) de un 25 % de la jornada laboral de forma unilateral (evitando así que los centros les reclamen los oportunos y necesarios sustitutos en cada momento). Este deterioro de las condiciones laborales se ve agudizado por los recortes salariales (7%) y por la actual deshomologación retributiva que nos coloca con unos salarios muy inferiores a los del resto de empleados públicos de Canarias. Cada día es más evidente el  divorcio entre la gestión burocrática y administrativa de la consejería y la labor pedagógica de los docentes, estando cada vez más la segunda y más importante al servicio de la primera, cual fábrica de tornillos.

Como es de sobra conocido, todos los estudios e informes nacionales e internacionales avalan con contundencia los nefastos resultados obtenidos por la Educación Canaria en cualquier parámetro que se contemple (tasas de fracaso escolar, índices de abandono prematuro, índice de población adulta con estudios superiores...) lo cual se traduce en la necesidad inequívoca de aumentar la inversión en materia educativa para poder mejorar los actuales resultados. Frente a esta evidencia, el Gobierno de Canarias ha disminuido año tras año la inversión en relación con el incremento del PIB y de los propios presupuestos autonómicos (el déficit inversor en los últimos 10 años en educación se sitúa en torno a los 500 millones de euros). Esta política de descapitalización de la Educación Pública se ha acentuado aún más para el presente ejercicio 2010 con un recorte de 40 millones de euros en los Presupuestos Generales de la CCAA. Ello coloca a Canarias en unos índices de inversión muy por debajo de lo que correspondería realmente en relación a la población y al alumnado matriculado, si lo comparamos con otras Comunidades Autónomas similares del estado español. La realidad es, sin lugar a dudas, que Canarias sigue contando, pese a las enormes deficiencias existentes, con una tasa de inversión por alumno muy por debajo de la media estatal y, por supuesto, de la media de la Unión Europea y los países de la OCDE. Consecuencia de esta evidencia son los profundos recortes introducidos en el Sistema Educativo Canario, llegando a colocar en entredicho su propia supervivencia.

Desde el STEC-IC exigimos un cambio de rumbo inmediato en las políticas educativas del Gobierno de Canarias, al tiempo que nos reafirmamos públicamente ante la sociedad canaria en nuestro compromiso de seguir trabajando, en coordinación con toda la Comunidad Educativa, por la defensa y potenciación de nuestro Sistema Público Educativo y en contra de las ansias privatizadoras del actual Gobierno Autonómico. El futuro de nuestra población y de nuestro archipiélago es lo que está en juego.

Canarias a 3 de septiembre de 2010

Secretariado Nacional del STEC-IC

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