El Protocolo de Intervención ante el Riesgo Suicida en Instituciones Educativas de Canarias es el último ejemplo del abuso sistemático de la Consejería hacia los centros educativos y, en especial, hacia el profesorado. Diseñado sin planificación real, con exigencias imposibles y plagado de inconsistencias, este documento no solo no resolverá el problema del suicidio en la adolescencia, sino que creará más conflictos legales, emocionales y logísticos. Vamos a desmenuzarlo.

¿Un protocolo para proteger o un escudo jurídico para la Administración?

Una de las perlas del documento es que se declara que el protocolo "favorece el cumplimiento de las responsabilidades legales institucionales." ¿Qué significa esto? Que no se trata de prevenir suicidios, sino de garantizar que la Administración se cubra las espaldas en caso de que ocurra una tragedia. ¿Y quién queda desprotegido? Los docentes, a quienes se les carga con toda la responsabilidad práctica y legal.

El texto no aclara:

• ¿Qué consecuencias jurídicas enfrentará un docente si no detecta señales de riesgo?

• ¿Qué pasa si se produce un error en la valoración del riesgo? La Consejería lava las manos diciendo que la entrevista no es una evaluación clínica, pero luego exige que sea el profesorado quien la realice. Este juego de palabras es un peligroso truco para transferir las consecuencias legales al docente.

• ¿Qué garantías tienen los docentes en caso de denuncia por parte de las familias, especialmente si estas no están de acuerdo con la activación del protocolo?

La Administración no ofrece ni formación ni respaldo legal, pero exige que el profesorado actúe como psicólogos, trabajadores sociales y ahora también como abogados.

Más incoherencias: un protocolo lleno de agujeros

El documento está plagado de errores conceptuales y logísticos que lo convierten en una auténtica trampa:

1.- La vigilancia del alumnado:

• Se pide que el estudiante esté supervisado en todo momento tras la activación del protocolo, pero no se especifica quién lo hará.

• ¿Habrá un aumento de personal en los centros? Obviamente no. Esto significa que el profesorado de guardia tendrá que encargarse, descuidando otras tareas esenciales.

2.- Protección de datos:

• Se menciona vagamente la importancia de proteger la identidad del menor, pero luego el protocolo implica que la información pase por un sinfín de manos: orientadores, tutores, directores, incluso personal no docente como chóferes y auxiliares de comedor.

• ¿Quién asegura que no haya filtraciones o malentendidos? Cualquier brecha de privacidad puede generar consecuencias devastadoras tanto para el alumnado como para los docentes.

3.- Definiciones confusas y contradictorias:

• La escala Columbia, que debe usarse para determinar el nivel de riesgo suicida, es presentada como algo “sencillo” que cualquiera puede aplicar. Sin embargo, es una herramienta clínica que requiere formación para ser interpretada correctamente. ¿Y si el docente se equivoca? ¿Quién asume las consecuencias?

• En varios apartados, el protocolo se contradice: primero dice que la valoración del riesgo suicida no es una evaluación clínica, pero luego utiliza términos clínicos como "riesgo inminente" o "ideación suicida" que claramente están fuera del ámbito educativo.

4.- Actuaciones inmediatas surrealistas:

• Se pide limitar el acceso del estudiante a medios letales, pero no se especifica cómo. ¿Debe un docente registrar mochilas, restringir el acceso a instalaciones o incluso requisar objetos personales? Esta es una grave extralimitación de las competencias del profesorado y un terreno resbaladizo para conflictos legales con las familias.

Un protocolo imposible de implementar

El protocolo fue lanzado el 26 de septiembre, con el curso ya empezado, y exige que los centros creen equipos de gestión en un plazo de 48 horas tras la activación de un caso. Estos equipos deben estar formados por orientadores, tutores, personal de bienestar y otros agentes. Pero, ¿y si el centro no dispone de suficiente personal? ¿Qué pasa en institutos con orientadores desbordados o sin enfermeros escolares?

Además, se espera que estos equipos diseñen un plan individualizado de intervención y seguimiento, incluyendo medidas como:

• La reincorporación al centro educativo.

• La coordinación con servicios sanitarios.

• La implementación de acciones de apoyo y prevención.

Esto no es un protocolo, es un manual de ciencia ficción. Con la plantilla actual y sin recursos adicionales, estas exigencias son imposibles de cumplir.

Postvención: ¿y el profesorado?

Mientras el protocolo dedica páginas enteras a la postvención tras un intento de suicidio, ignora por completo el impacto en el profesorado. Un docente que vive de cerca el suicidio de un alumno sufrirá una carga emocional inmensa, pero la Administración no ofrece ni una palabra sobre apoyo psicológico para los docentes. ¿No cuenta nuestra salud mental? Parece que no, porque para la Consejería solo somos herramientas desechables.

Consecuencias reales para problemas ficticios

Este protocolo, con sus innumerables fallos, no solo pone en peligro la vida del alumnado, sino también la estabilidad laboral y emocional del profesorado. Sin formación adecuada, sin recursos y sin respaldo legal, la Consejería ha lanzado un documento que convierte a los docentes en los chivos expiatorios de su incompetencia.

Desde el STEC-IC exigimos la retirada inmediata de este protocolo y su rediseño desde cero, contando con la participación activa del profesorado, recursos reales y garantías legales claras. Porque si algo está en riesgo aquí, no solo es la vida del alumnado, sino también la dignidad y seguridad de quienes sostienen el sistema educativo. 

Secretariado Nacional del STEC-IC

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