En la mañana de hoy se celebró una reunión entre las organizaciones sindicales representativas del profesorado y la Viceconsejería de Educación para evaluar la aplicación del Protocolo de Prevención del Riesgo Suicida en el ámbito educativo.

El Viceconsejero abrió la sesión agradeciendo la presencia de las organizaciones sindicales y el trabajo de la Dirección General de Personal, indicando que el protocolo tiene como fin último la ayuda al alumnado en situación de riesgo. Expuso que han participado más de treinta profesionales en su elaboración y que, desde el inicio de curso, se han registrado 119 activaciones, de las cuales 30 fueron catalogadas de alto riesgo y requirieron derivación sanitaria.

Durante la reunión, se presentaron diversas aportaciones tanto de los EOEP como de las organizaciones sindicales, que coincidieron en señalar múltiples deficiencias estructurales y operativas del protocolo, entre ellas:

•    Falta de aval explícito de la Consejería de Sanidad.

•    Insuficiencia de recursos personales en los centros educativos para garantizar su aplicación.

•    Sobrecarga de responsabilidad sobre el profesorado orientador, especialmente cuando comparten varios centros.

•    Excesiva burocracia y complejidad documental, con numerosos anexos no editables.

•    Deficiencias en la coordinación con las familias y con los servicios sanitarios.

•    Escasa formación del profesorado, sin reconocimiento acreditativo.

•    Inadecuación de la escala Columbia para alumnado de corta edad.

•    Ausencia de espacios habilitados para la intervención directa y falta de recursos sanitarios en salud mental infanto-juvenil.

•    Dudas sobre la confidencialidad, la coordinación interadministrativa y la implicación de figuras como auxiliares o trabajadores/as sociales.

El STEC-IC expresó su malestar por haberse enterado de la existencia del protocolo a través de los medios de comunicación, pese a que, según la propia Administración,  llevaba años en elaboración. El sindicato considera inaceptable que no se haya negociado previamente en Mesa Sectorial un documento que afecta directamente a las condiciones laborales y a la responsabilidad jurídica del profesorado. Asimismo, el STEC-IC recordó que la proliferación de protocolos contradice el discurso oficial de la Consejería sobre la reducción de la burocracia. Muchos de ellos podrían centralizarse o coordinarse desde una unidad específica u observatorio, en lugar de seguir delegando responsabilidades en los centros y en el personal docente.

El sindicato manifestó su preocupación jurídica: este protocolo podría implicar responsabilidades penales o administrativas si se interpreta que el profesorado actúa como evaluador clínico sin la debida formación. Se recordó que el principal riesgo no es detectar ni comunicar, sino valorar el grado de riesgo sin preparación específica, lo cual podría tener consecuencias graves.

Todas las organizaciones sindicales presentes respaldaron las observaciones del STEC-IC, salvo INSUCAN, que defendió la obligatoriedad de la formación en prevención del suicidio para todo el profesorado y consideró que la responsabilidad última de la salud mental del alumnado recae sobre los docentes y debe ser parte de sus funciones la evaluación de la salud mental del alumnado.

El Viceconsejero reconoció que la fase de “valoración” es la más delicada, aunque restó importancia a la falta de negociación con las organizaciones sindicales alegando limitaciones de tiempo en su agenda. Reiteró su compromiso con la mejora del protocolo, sobre todo en términos de prevención del riesgo suicida, y se comprometió a introducir mejoras en el protocolo. El Viceconsejero no ofreció garantías de que no se agraven las responsabilidades penales o administrativas del personal docente, lo que refuerza la necesidad de una negociación previa y una cobertura jurídica clara.

El sindicato denuncia que la Consejería sigue actuando de espaldas a la realidad del aula y a los representantes legítimos del profesorado, priorizando decisiones de despacho sobre el diálogo y la corresponsabilidad educativa. El STEC-IC lamenta, una vez más, la falta de voluntad negociadora de la Administración educativa, visible también en otros ámbitos recientes como la modificación del protocolo de altas temperaturas, el decreto de convivencia o la implantación de la FP Dual.

Al finalizar la reunión, el Director General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, respondió a las críticas sindicales afirmando que el STEC-IC “no había hecho su trabajo” al no realizar aportaciones al Decreto de Convivencia, y llegó a calificar de “lamentables” las reuniones con los sindicatos si iban a desarrollarse en ese tono y con negligencias y descuidos de esta índole e instó a los sindicatos y, sobre todo, al STEC-IC a “hacer su trabajo”.

Desde el STEC-IC se le recordó que las aportaciones al decreto se remitieron con antelación a su modificación, incluso antes de la primera reunión, al conocerse por fuentes no oficiales que se estaba tramitando su revisión, y que posteriormente fueron enviadas también a la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado. Se subrayó que la falta de comunicación entre direcciones generales no puede imputarse a las organizaciones sindicales.

El STEC-IC aprovecha este resumen de la mesa técnica para recordar a la Administración que es un sindicato independiente, que no recibe financiación pública y cuya continuidad depende exclusivamente del respaldo de su afiliación: si el profesorado no confía en su labor, el sindicato simplemente desaparece. Por el contrario, los altos cargos de la Administración son representantes de la función pública, con responsabilidad directa sobre la aplicación de las políticas educativas y remunerados con fondos públicos. Los errores de la Administración tienen repercusiones en toda la comunidad educativa: docentes, alumnado, familias y personal no docente, mientras que los sindicatos tienen el deber democrático de fiscalizar la acción administrativa, no de ser fiscalizados por ella.