El STEC-IC ha presentado una queja formal y una solicitud de revisión ante la Diputación del Común en relación con el protocolo de actuación ante el riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias. El sindicato considera que el documento aprobado por la Consejería de Educación traslada al profesorado responsabilidades que no le corresponden y que deben ser asumidas por profesionales del ámbito sanitario.

Desde el STEC-IC se comparte plenamente la preocupación social existente por la salud mental del alumnado y la necesidad de establecer mecanismos de prevención eficaces. De hecho, el sindicato reconoce que los centros educativos pueden desempeñar un papel importante en la detección temprana de situaciones de malestar o riesgo, tal y como se señaló en la última mesa técnica celebrada con la Administración.

Sin embargo, el STEC-IC ha advertido con claridad que la detección no puede confundirse con la intervención sanitaria ni con la gestión de situaciones de riesgo vital, responsabilidades que corresponden exclusivamente a profesionales especializados del ámbito sanitario. 

El protocolo actualmente planteado sitúa al profesorado en una posición de responsabilidad ante situaciones extremadamente delicadas que afectan directamente a la salud y a la vida del alumnado. Para el sindicato, la gestión de estas situaciones debe recaer en profesionales sanitarios especializados, que son quienes cuentan con la formación y los recursos adecuados para intervenir en estos casos.

Desde el STEC-IC se considera especialmente preocupante que la Administración pretenda trasladar estas responsabilidades al profesorado cuando se trata de situaciones que implican riesgos vitales para el alumnado. La escuela puede y debe ser un espacio de acompañamiento educativo y de detección de posibles situaciones de riesgo, pero no puede sustituir al sistema público de salud ni asumir funciones sanitarias para las que el profesorado no está formado.

Por este motivo, el sindicato ha solicitado la intervención del Diputado del Común para que se revise el protocolo y se delimiten claramente las responsabilidades de cada administración, garantizando que la atención a estas situaciones se realice desde el ámbito sanitario y con los recursos profesionales adecuados.

El STEC-IC insiste en que la prevención del suicidio juvenil requiere una respuesta coordinada entre educación, sanidad y servicios sociales, así como el refuerzo de los equipos especializados que deben intervenir en este tipo de situaciones. Para el sindicato, la protección de la salud y de la vida del alumnado exige recursos, profesionales especializados y protocolos claros, no la transferencia de responsabilidades sanitarias al profesorado.