La mañana del viernes 3 de julio, el STEC-IC acudió a una reunión en la sede del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, en respuesta a una invitación de dicho partido para analizar el final del curso escolar y el inicio del próximo. Por parte del PSOE estuvieron presentes su secretario general, Ángel Víctor Torres, así como la secretaria de Educación, Esther Suárez Marrero, y Marcos Hernández Guillén, portavoz para temas de Educación en el Parlamento de Canarias. También estuvieron presentes representaciones del Consejo Escolar de Canarias, de la Plataforma del 5% en Educación y de otras organizaciones sindicales del sector.

Las distintas organizaciones sindicales expusieron los temas que consideran de mayor relevancia para la educación pública canaria. Todas las organizaciones coincidimos en la vital importancia de que se destine al menos un importe equivalente al 5% del PIB canario a Educación, tal como recoge la Ley Canaria de Educación (LEC). Entre otros, se plantearon los siguientes temas con carácter general:

En materia retributiva, la pérdida del poder adquisitivo del profesorado, la necesidad de actualizar complementos, las pagas extras y el cobro puntual de los sexenios. En cuanto al profesorado interino, se debatieron los perjuicios del proceso de estabilización, la necesidad de conseguir la fijeza para quienes estén en abuso de temporalidad, así como el cobro del verano para quienes hayan trabajado cinco meses y medio cada curso escolar. A continuación, se trató la protección y seguridad del profesorado, así como las deficiencias en prevención de riesgos laborales, el estado de infraestructuras y equipamientos, el primer ciclo de Educación Infantil, las ratios, la burocracia, problemas derivados de la implantación de la FP Dual e integración e inclusión del alumnado NEAE.

Además de intervenir en los temas anteriormente citados, el STEC-IC planteó los siguientes asuntos:

- Las insuficientes plazas que ofrecen las universidades públicas canarias para cursar el Máster de Formación del Profesorado, lo que obliga a quienes no consiguen plaza a acudir a una universidad privada.

- La modificación del artículo 57 de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a fin de establecer una incompatibilidad automática entre la posesión de antecedentes penales por delitos de especial gravedad, tales como violencia de género, delitos de odio, violencia vicaria o delitos de sangre, y el ejercicio docente en contacto directo con menores de edad.

- La insuficiente inversión en la sostenibilidad de los centros educativos y la forma de responsabilizar a los centros de estas inversiones, sin un plan global que permita una mayor eficacia en la gestión económica.

- Reivindicamos la necesidad de implantar en la educación pública de Canarias enseñanzas de danza, puesto que el alumnado que desea cursar este tipo de estudios no puede hacerlo dentro del marco público e, incluso, debe trasladarse a la península si desea cursar las enseñanzas profesionales.

- La educación para la paz. Desde el STEC-IC creemos que el compromiso con la educación para la paz y la no violencia debe atravesar todas las áreas y materias, así como el conjunto de actividades complementarias y extraescolares. Rechazamos tanto la presencia de personas uniformadas y armadas pertenecientes a los ejércitos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como las visitas a ferias de armas o a instalaciones militares, pues lo consideramos contradictorio con los objetivos de esta educación para la paz.

En su intervención, la Plataforma del 5% afirma que la inversión de dicho porcentaje no es una recomendación, sino una imposición legal. Proporcionan diferentes datos sobre el porcentaje de inversión, indicando que la inversión  prevista no alcanzará nisiquiera el 4% del PIB. Plantean la conveniencia de generar una plataforma conjunta para reivindicar la inversión del 5% del PIB en educación de forma unitaria.

Finalmente, la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, comenta aspectos tales como la importancia de la participación democrática en los centros educativos, la articulación de aspectos sociales por parte de los centros educativos en las zonas habitacionales, la necesidad de impulsar las escuelas rurales como instrumento de arraigo poblacional y la confluencia con el empresariado de cada isla en la FP Dual.