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Viernes, 15 de Septiembre de 2023 13:55

El STEC-IC exige la inmediata puesta en marcha de los grupos de Educación Infantil que estaban previstos en los centros públicos

Las argumentaciones del nuevo Consejero no son más que una excusa para llevar a cabo una privatización encubierta de la Educación Pública

La educación infantil de 0 a 3 años es, además de una medida pedagógica muy eficaz, una necesidad imperiosa para permitir la conciliación de la vida laboral de las familias canarias. Sin embargo, la tasa de implantación del primer ciclo de infantil (0-3 años) en Canarias se sitúa entre las más bajas del estado. Por ello, tanto por parte del STEC-IC como de las familias, llevamos muchos años demandando la generalización del primer ciclo de educación infantil en todos los centros públicos. Esta demanda ha sido avalada por informes del Consejo Escolar de Canarias y de la OCDE, el conocido informe PISA.

Finalmente, las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma para los ejercicios de 2022 y 2023 contemplan dicha generalización que comenzó el curso pasado con 600 plazas de 2 años en 34 centros que se debía extender este curso a otros 65 centros con casi 1200 nuevas plazas igualmente de 2 años, el próximo curso se debe implantar el nivel de un año y el siguiente el de cero años.

 

A pesar de que esta medida fue acogida con satisfacción por parte de las familias, desde un principio, el STEC-IC manifestó que tanto los centros donde se había anunciado este comienzo como el número de grupos y plazas totales eran insuficientes para satisfacer las demandas de este servicio por parte de las familias y exigimos una oferta más amplia de plazas en los centros públicos.

 

Sin embargo, con el regreso de CC y el PP al Gobierno, uno de los primeros anuncios que realizó el nuevo Consejero de Educación nada más tomar posesión de su cargo fue que los grupos de 2 años que debían empezar en septiembre no lo harían hasta enero. Pero llegado el 1 de septiembre, con el profesorado que debía impartir esos niveles ya nombrado en los centros públicos, el Consejero toma la decisión de retrasar hasta el curso próximo el comienzo del citado nivel (2 años) en un buen número de centros. Dicha información  la transmite, la pasada semana, el propio Consejero a los directores y directoras de los centros afectados sin especificar todavía cuáles empezarán en enero y cuáles el curso próximo. Además, en dicha reunión, se dio la instrucción de no informar a las familias hasta que el Consejero pudiera anunciar una solución en la que estaba trabajando.

 

El STEC-IC rechaza esta falta de transparencia, cuya responsabilidad ante las familias se pide que asuman los equipos directivos de los centros que han tenido que soportar la presión de padres y madres desesperados porque, teniendo confirmada la plaza de sus hijos o hijas en un centro público, se ven ahora sin plaza en dicho centro y sin la posibilidad de retornar a la guardería donde los tuvieron el curso pasado y, si alguno tuviera una posibilidad remota de volver a ella, la habrá perdido debido a la desinformación por parte de la Consejería.

 

Además de la desesperación en que esta decisión ha sumido a las familias, el STEC-IC denuncia el tremendo lío organizativo en el que han metido a los centros educativos y a sus equipos directivos, así como la vulneración de derechos que están sufriendo los docentes afectados que se ven ahora obligados a aceptar un nuevo destino que no es el que les había tocado y que, además, no respeta el orden de derecho establecido en la normativa de adjudicación de destinos provisionales.

 

El caos en los centros es tal que muchos directores y directoras no saben si este cambio de criterio del nuevo Consejero con respecto a la planificación va a suponerles la pérdida de la categoría que tiene el centro por tener un número de alumnado inferior. De producirse la pérdida de categoría, muchos centros perderán docentes de su plantilla, aparte de los directamente afectados por la medida, perderán cargos directivos y horas de dedicación de los que queden y también personal auxiliar de administración, comedores, mantenimiento, etc.

 

Por otra parte, si la solución en la que se estaba trabajando consiste en un concierto de esas plazas con centros privados, desde el STEC-IC rechazamos la misma por tratarse de una privatización encubierta de la Enseñanza Pública que, ya de entrada, nos va a costar 4 millones de euros al erario público.

 

Canarias a 14 de septiembre de 2023

Secretariado Nacional del STEC-IC

 

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