Cuando la Consejería habla de “autonomía”, pero lo que realmente quiere decir es: “háganlo ustedes”.

Cada curso en Canarias se repite una escena conocida: se anuncia un programa “transformador”, “innovador” y “sostenible”, y acto seguido se traslada a los centros educativos una carga administrativa que no corresponde a su función ni a sus recursos.

La Resolución 1082/2025, que convoca el Proyecto de Naturalización de Espacios para el curso 2025-2026, vuelve a reproducir este patrón. Y conviene dejarlo claro desde el principio: el STEC-IC está plenamente a favor de crear sombra, de hacer los patios más verdes, de combatir el calor y de adaptar los centros al cambio climático. Lo que no puede aceptar es que la Administración lo haga a costa de sobrecargar, otra vez, a los equipos directivos y al profesorado.

Para optar a una subvención, un centro debe:

- Realizar un diagnóstico técnico completo del espacio exterior.

- Elaborar un proyecto de intervención con plano, memoria descriptiva, accesibilidad, criterios ambientales, planificación y presupuesto desglosado.

- Obtener la aprobación del Claustro y del Consejo Escolar antes de saber si recibirá financiación.

- Conseguir la conformidad del Ayuntamiento sobre el mantenimiento, aunque no exista un convenio marco que regule esta responsabilidad.

- Presentarlo todo en un único PDF de 4 MB, un límite poco razonable para planos, fotografías y documentación técnica.

- Prepararse para una justificación económica compleja, sin modelos oficiales ni indicaciones claras sobre la contratación, los límites por partidas o los criterios de fiscalización.

Todo ello con un plazo de 30 días hábiles, incompatible con el volumen de trabajo real de los centros. Y con un periodo de solo 3 días hábiles para reclamaciones, impropio de un procedimiento que puede implicar decenas de horas de trabajo previo.

El STEC-IC considera que esta convocatoria:

1) Traslada tareas técnicas a personas no técnicas. Se piden estudios, planos, presupuestos y decisiones que corresponden a profesionales en arquitectura, jardinería o urbanismo, no a docentes que ya trabajan por encima de su carga reglamentaria.

2) Fomenta una “autonomía” que es, en realidad, delegación de responsabilidades. La Consejería apela a la autonomía de centro para justificar una descentralización de funciones que no viene acompañada de recursos humanos, horas de gestión o asistencia técnica.

3) Impone compromisos formales sin garantizar financiación. El Claustro, el Consejo Escolar y el Ayuntamiento deben aprobar y comprometerse con actuaciones cuyo coste final puede no llegar nunca.

4) No proporciona soporte técnico real. La única vía de asesoramiento es CAU_CE, que no sustituye la necesaria presencia de personal especializado que acompañe a los centros en diseño, mediciones, materiales, accesibilidad y seguridad.

5) Genera inseguridad jurídica en la gestión económica. Aunque el pago es anticipado, la resolución no desarrolla con claridad qué partidas pueden subcontratarse, qué límites marca la contratación pública, cómo se fiscalizarán las facturas, ni qué ocurre si el proyecto se ve afectado por retrasos o imprevistos.

6) Añade carga burocrática a una administración ya saturada. La obligación de incorporar el proyecto a la PGA, justificar con evidencias y generar memorias incrementa las tareas administrativas sin reducir ninguna de las existentes.

7) No articula correctamente la colaboración institucional. El mantenimiento futuro queda en manos del Ayuntamiento, pero sin un marco jurídico estable ni financiación propia, lo que puede dejar proyectos inacabados o sin continuidad.

El STEC-IC defiende:

- Sí a las sombras naturales y artificiales.

- Sí a la renaturalización de patios.

- Sí a mejorar el confort térmico del alumnado.

- Sí a combatir el cambio climático desde los centros educativos.

Pero también:

- No a que la Consejería descargue en los centros la planificación, diseño, gestión y mantenimiento de intervenciones que deberían ser competencia directa de Infraestructuras.

- No a la precarización administrativa y a la utilización del profesorado como mano de obra técnica y gestora.

- No a convocatorias que se anuncian con grandes titulares pero se ejecutan sin apoyo técnico, sin recursos humanos y sin realismo organizativo.

Este patrón de actuación no es nuevo en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y, lamentablemente, se ha convertido en un modus operandi bastante reconocible: anunciar iniciativas de gran calado social (protocolo de prevención del suicidio, plan de actuación frente a las olas de calor, protocolo de acoso escolar, convivencia positiva, digitalización, inclusión, igualdad, etc.) y, a continuación, descargar casi toda la responsabilidad de diseño, implantación, seguimiento y justificación sobre los centros educativos, sin dotarles de medios humanos, formación específica ni horas lectivas dedicadas.

Los centros quieren sombra.

Lo que no quieren es más burocracia disfrazada de autonomía.

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