Desde abril de 2021, los servicios médicos de prevención (Quirón Prevención, contratado por la propia ULL) ya habían recomendado a una profesora de la Universidad de La Laguna teletrabajar para preservar su salud mental, a causa situaciones sufridas en su entorno de trabajo. Esta recomendación se fue renovando posteriormente año tras año: en abril de 2022, marzo de 2023 y septiembre de 2024, mediante cartas de aptitud que especificaban claramente la necesidad de docencia online.

En febrero de 2022, la profesora finalmente denunció acoso laboral en su departamento. La propia universidad activó su protocolo y encargó un peritaje externo, cuyo resultado concluyó que existía una “estructura organizacional configurada para anular y menoscabar” a la docente. En noviembre de 2023, el Rector, D. Francisco J. García Rodríguez, recibió las conclusiones de este peritaje. Sin embargo, en julio de 2024, en lugar de proteger a la trabajadora, decidió archivar el expediente disciplinario sin imponer ninguna sanción. Posteriormente, en diciembre de 2024, adoptó una decisión que afectó directamente a la profesora: fue apartada cautelarmente de la docencia y se le abrió un expediente sancionador por impartir las clases en remoto, pese a que dicha modalidad había sido recomendada reiteradamente por los servicios médicos de prevención de la propia ULL durante más de tres años.

El Rector, que disponía desde noviembre de 2023 tanto del peritaje como de las sucesivas recomendaciones médicas, adoptó decisiones que, a juicio del sindicato, perjudican a la trabajadora .Además, realizó declaraciones públicas sobre el caso que, según el sindicato, no fueron previamente contrastadas con la afectada y que supusieron un escarnio y un empeoramiento de los síntomas de la afectada. 

La Inspección de Trabajo ya ha intervenido, emitiendo un requerimiento claro: la Universidad no adoptó medidas adecuadas de protección frente a la situación detectada. Lejos de corregir la situación, el Rector ha decidido recurrir dicho requerimiento. Lo más grave no es solo la situación individual de la trabajadora, sino el mensaje que se transmite a todo el Personal Docente e Investigadoral no percibirse una respuesta institucional clara de protección. Este tipo de actuaciones puede generar un efecto desincentivador en quienes se planteen denunciar situaciones de acoso laboral en el seno de la ULL: “Denuncia si quieres, que nos da igual”. 

La ULL no siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta universidad fue un referente de pensamiento crítico, defensa de los derechos laborales y coherencia ética. Un tiempo en que sindicatos como el STEC-IC pudieron fundarse en sus aulas, en un ecosistema de principios, debate y respeto a la norma. Aquella ULL ha sido sustituida poruna estructura institucional que, a juicio del sindicato, no está ofreciendo una respuesta adecuada ante una clara situación de acoso laboral que se inició en un departamento y cuyo máximo dirigente ha permitido que escalara a nivel de toda la institución.

Desde el STEC-IC, exigimos:

1.    La retirada inmediata de las medidas cautelares y del expediente sancionador contra la profesora E. B. C.

2.    El cumplimiento íntegro del requerimiento de la Inspección de Trabajo, sin más recursos dilatorios.

3.    Una investigación externa e independiente sobre el protocolo de acoso de la ULL.

4.    Que el Rector deje de hacer caso omiso a nuestra petición de citarnos con él y de conocer su versión e implicación en todo este asunto. 

Advertimos que esta organización sindical no permitirá que este caso se cierre sin una respuesta adecuada, con una trabajadora perjudicada y una institución que no asume plenamente sus obligaciones de protección.