El ministro Iceta, con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF, lleva al Consejo de Ministros un acuerdo que no respeta las directrices europeas, creará fuertes problemas en los servicios públicos y no cuenta con el respaldo de las personas afectadas

En el día de ayer, el Ministro de Política Territorial y Función Pública ha llegado a un acuerdo en el seno de la Mesa de la Función Pública con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la modificación del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que será la base de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que será aprobado previsiblemente hoy por el Consejo de Ministros.

El acuerdo no puede ser más decepcionante. Ni se reconoce la responsabilidad que tiene el conjunto de las Administraciones Públicas en la génesis del problema de la temporalidad en las mismas, ni las medidas sancionadoras del abuso de temporalidad (las compensaciones económicas que se dictan) son suficientes, ni mucho menos podemos compartir que la solución para reducir las tasas de temporalidad al 8% se haga mediante procesos de estabilización del empleo, procesos en los que lo que se estabilizan son las plazas en vez de las personas interinas que venían ocupándolas en situación de abuso de temporalidad. Esta salida contraviene la normativa europea que ha establecido que, en ningún caso, la solución a la alta interinidad de las administraciones públicas españolas pueda pasar por procesos masivos de oposiciones.

Nunca podremos defender que sea una solución para el personal interino el despido con una compensación económica. Compensación que, además de ser una cuantía pequeña y muy inferior a la inicialmente anunciada (en el borrador inicial se establecía que sería de 33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades, para quedar definitivamente fijado en 20 días, con un máximo de una anualidad) abre un panorama laboral especialmente difícil para aquellos compañeros y compañeras que más años llevan trabajando en situación de abuso de temporalidad.

Además, aún no nos han dicho cómo se va a financiar el despido de decenas de miles de interinos que lógicamente debe salir del erario público. Sin embargo, no hay que ser muy imaginativos para saber que hará como siempre, con subida de impuestos a la clase trabajadora, recortando salarios públicos y pensiones y, como no, reduciendo el gasto público en servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia. Y todo para sustituir a unos profesionales por otros cada tres años.

La reforma que establece este proyecto de Real Decreto-ley niega la posibilidad de cualquier solución excepcional al problema de la interinidad. Al obligar a ofertas masivas de empleo público, basadas en sistemas selectivos por el único procedimiento del concurso-oposición, cierra la puerta a medidas excepcionales y transitorias como las que se apuntan, si se desarrollasen correctamente, en el artículo 61.6 del propio TREBEP; por no hablar de otros posibles mecanismos de estabilización (de las personas) que ni siquiera parecen haber sido explorados por el Ministerio y los sindicatos firmantes.

Por último, y con independencia de que rechacemos frontalmente esta reforma, ni siquiera compartimos que el objetivo de reducir las tasas de temporalidad por debajo del 8% en todas las Administraciones se vaya a conseguir con este real decreto-ley. En algunas de ellas, como es el caso de la educativa, y por el carácter cambiante y flexible que tiene que tener el sistema educativo, vemos que originará problemas serios. Muchas Administraciones, como puede ser la educativa, optarán, antes que cargarse de un volumen difícil de gestionar de funcionarios de carrera, por otras fórmulas que crearán mayor precariedad. Además las administraciones expulsarán del sistema a decenas o centenares de miles de personas interinas con una experiencia y una cualificación profesional demostrada, lo que no hará sino socavar la calidad de unos servicios públicos que con estas personas que ahora pueden perder su puesto de trabajo, ha alcanzado niveles de excelencia demostrada en sanidad, educación, servicios sociales, administraciones locales, etc.

No es tampoco menos importante con quién y dónde se ha alcanzado este acuerdo. La Mesa General de la Función Pública está constituida por la representación del funcionariado de las administraciones, pero deja fuera a organizaciones altamente representativas en sus sectores. Por ejemplo, en educación (en cuyo sector han trabajado 200.000 interinos e interinas este curso) los sindicatos firmantes -CCOO, UGT y CSIF- solo representan a un tercio del profesorado. Con este panorama, no es difícil imaginar que la conflictividad va a aumentar en los próximos meses y las movilizaciones que este colectivo viene llevando a cabo en los últimos tiempos, se incrementarán.

Nos resulta muy duro aceptar que un gobierno que se dice progresista pueda legislar de esta manera en contra de sus trabajadores. No solo va a menoscabar el prestigio de los servicios públicos, sino que nos aboca a una situación de conflictividad que a nadie beneficia. Es, en estos momentos, cuando se demuestra para quien se gobierna y, en este caso, es evidente que no es para las trabajadoras y trabajadores a quienes se va a mandar al paro, ni para lo público.

Canarias, 7 de julio de 2021

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC

Descargar comunicado del Secretariado Nacional del STEC-IC (pdf).

El STEC-IC rechaza el acuerdo de estabilización alcanzado en la Mesa de la Función Pública (Icetazo)

(PREGUNTAS Y RESPUESTAS)

¿Qué opina el STEC-IC sobre el acuerdo (Icetazo)?

Se trata de un acuerdo que no cumple con las directivas europeas, desoye las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), enviará a decenas de miles de interinos e interinas al paro, creará problemas de gestión a las Administraciones Públicas y generará un enorme gasto público que repercutirá negativamente en nuestros impuestos, las pensiones, los salarios públicos y en la calidad de los servicios públicos.

¿Cómo afectará al profesorado interino y en particular al acuerdo de listas de empleo alcanzado en Canarias?

Todavía es pronto para saber todo el alcance y las repercusiones que puede llegar a tener el citado acuerdo pero, si lo que se deduce de las líneas generales contenidas en el mismo se desarrolla en su totalidad y en todos los ámbitos de la Administración Pública, desde luego el profesorado interino se vería afectado por el mismo, hasta el punto que en los próximos tres años deberán sacarse a oposición en torno a 10.000 plazas en Canarias para bajar la tasa de interinidad del actual 40% hasta el 8%. Eso supondría que en 2025 se pase de los cerca de 13.000 interinos actuales a alrededor de 2.400. El resto, o saca las oposiciones o se irá a la calle. Además, dado que las indemnizaciones supondrán un gasto importante en el capítulo uno de los presupuestos (gastos de personal), ya nos podemos olvidar del incremento de plantillas que llevamos años solicitando a la Consejería pues, en vez de invertir en incrementar profesorado, ahora tendrá que malgastar nuestros impuestos para echar a la calle a profesionales que cumplen perfectamente con su labor.

En cuanto a las listas de empleo, son otra incógnita pero, una de las condiciones para que las listas de empleo realmente proporcionen estabilidad era que las próximas ofertas de empleo no fueran desmesuradas y se dimensionaran en base a la tasa de reposición (nueva creación, jubilación, defunciones, saldo de excedencias y concursos de traslados) y el número de interinos/as que hayan aprobado en las oposiciones anteriores. Este acuerdo, al imponer la bajada abrupta de la tasa de interinidad del 40 al 8 % en solo tres años, supone un terrible varapalo al acuerdo de listas de empleo que tanto esfuerzo costó sacar adelante y que, sin ser el acuerdo ideal al que aspiraba el STEC-IC, hay que reconocer que es el mejor acuerdo de listas de empleo alcanzado en décadas y que ahora peligra por la necedad de un gobierno y unos sindicatos que no saben mirar por aquellas personas a las que deben representar y proteger, las trabajadoras y los trabajadores.

¿Será obligatorio presentarse a oposiciones? ¿Las pruebas serán eliminatorias?

Esos detalles aún no están definidos, pero todo apunta a que para poder tener derecho a la indemnización por despido, los interinos tendrán que presentarse obligatoriamente a los procesos selectivos que se convoquen. Además, estos procesos selectivos no van a ser extraordinarios (concurso de méritos, pruebas no eliminatorias, sistema transitorio restringido…) en base a lo que ya establece el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), cuyo art. 61.6 señala medidas excepcionales y transitorias diferentes del concurso-oposición. Por el contrario, el acuerdo establece que las convocatorias seguirán realizándose por el tradicional sistema de concurso-oposición, cerrando definitivamente la puerta a otros mecanismos de estabilización. Además, en el caso de educación, y a falta de una mayor concreción que debería ser fijada en una posible modificación del Real Decreto de acceso a la función pública docente, lo cual no parece que se vaya a producir de forma inminente, el sistema seguirá siendo el actual, con pruebas eliminatorias.

¿Y si no apruebo qué pasa?

A pesar de que en reiteradas sentencias del TJUE y de la reciente modificación de su doctrina experimentada por la Sala de lo Social del TS, y que previsiblemente se traduzca en otro pronunciamiento en línea concordante por parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, la cual viene a decir que cuando un empleado público supera los tres años de servicios encadenando sucesivos contratos sin que su plaza haya sido sacada a procedimiento selectivo para que sea cubierta, el trabajador o trabajadora pasa a tener la consideración de indefinido no fijo. En esta situación la solución al abuso de temporalidad no puede ser la convocatoria de oposiciones para estabilizar las plazas (así lo establecen reiteradas sentencias del TJUE), sin embargo, el Gobierno y los sindicatos firmantes (CC.OO., UGT y CSIF) han acordado esta convocatoria masiva de plazas para acabar de forma repentina con la tasa de temporalidad y quienes no obtengan una plaza fija (no aprueben las oposiciones) recibirá una indemnización de 20 días de salario por año con un máximo de 12 mensualidades. Es decir, que por unos 30.000 euros podrían poner en la calle a un docente que lleve veinte años en la enseñanza simplemente porque su especialidad no ha salido a oposición en todos esos años y ahora que tiene cincuenta años de edad tiene la mala suerte de no aprobar.

¿Peligran el Plan para los mayores de 55 y el PROMECI?

Todo es una enorme incertidumbre pero, al igual que ocurre con las listas de empleo, si la tasa de interinidad se tiene que situar en unas cotas tan bajas, difícilmente se podrán garantizar plazas suficientes para el plan para mayores de 55 y menos aún para el PROMECI.

¿Cuándo entrará en vigor?

Tampoco está claro aún, habrá que esperar a ver la prisa que se dan para modificar el TREBEP y sacar el Real Decreto Ley y los sucesivos Reales Decretos que tengan que regular estas convocatorias pero, desde luego contrasta la premura con que son capaces de actuar cuando algo les interesa y quieren sacarlo contra viento y marea para no dar tiempo a la reacción de la sociedad y lo enormemente lentos y pachorrudos que se vuelven cuando no tienen interés, por ejemplo para que los profesores técnicos de FP pasen al grupo A1.

¿Qué piensa hacer el STEC-IC?

El STEC-IC ya está recabando información y contactando con otras organizaciones del espectro del sindicalismo alternativo de ámbito estatal con el objeto de establecer una estrategia común de cara a plantear una batalla contra este acuerdo. Batalla que presumiblemente será dura puesto que enfrente, no solo está el Gobierno, sino que también cuenta con tres escuderos muy leales (CC.OO., UGT y CSIF), fuertemente armados por las políticas de apoyo económico que sistemáticamente les han favorecido. Por desgracia, cada día queda más claro que ese apoyo económico no se revierte en la defensa de las condiciones laborales de la clase trabajadora, más bien se utiliza en su contra.

Por ello, vamos a necesitar contar con tu apoyo y con todo el apoyo posible para que las medidas de presión que convoquemos sean un éxito y consigamos poner en jaque este acuerdo.

Debemos demostrarle al Gobierno que se han equivocado de interlocutores pero para eso hace falta que nos pronunciemos alto y claro.

¡Contigo, somos STEC-IC!

Descargar documento de Preguntas y Respuestas sobre el "Icetazo" (pdf).

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.