Un millar de profesores interinos y sustitutos, que trabajaron el curso pasado, no han sido contratados inicialmente para el curso próximo por la Consejería de Educación. Esta actuación del Gobierno de Canarias significa el mayor expediente de regulación de empleo de cualquier empresa del archipiélago, que llega a dejar en la calle a profesorado con una antigüedad que alcanza los 20 años de servicio.
Es notorio que este Gobierno de Coalición Canaria y el PP no considera la educación como un objetivo prioritario y estratégico, fundamentalmente en momentos de crisis. Y mientras continúa aumentando las subvenciones a la enseñanza privada, no duda en practicar grandes recortes en el sistema educativo público.
Cada año, ante el proceso de nombramientos consideramos que es imposible hacer peor una gestión de personal como la que hace esta Consejería de Educación. Sin embargo, este año nos vemos sorprendidos, porque los males se agrandan y la situación empeora. Por estos motivos, el STEC-IC pide el cese inmediato de la Directora General de Personal de la Consejería de Educación.
Un tercio de los no contratados o despedidos, se corresponde con interinos y sustitutos maestros y los dos tercios restantes, pertenecen al cuerpo de secundaria. Las restricciones impuestas por la Consejería, en lo que respecta a la dotación del personal de los centros, es una consecuencia de flagrantes incumplimientos de los acuerdos firmados anteriormente por la propia Consejería y que posteriormente no aplica. La credibilidad de este Gobierno es nula respecto a los acuerdos que firma con los agentes educativos y sociales y que o nunca aplica o, incluso, hace lo contrario cada vez que tiene ocasión. Un caso concreto, entre otros, es el acuerdo sobre escuelas unitarias.
Respecto a la Educación infantil, en vez de apostar claramente por hacer una oferta pública generalizada en el ciclo de cero a tres años, lo que pretende es impulsar la privatización de este tramo. Tampoco favorece al resto de la Educación Infantil ni a la Primaria, donde las mezclas de grupos, el incremento de ratios, y la no cobertura de sustituciones en casos de baja por enfermedad se han convertido en la norma habitual de esta Consejería. A ello se suma el no aplicar medidas compensadoras para los sectores más desfavorecidos. Todo ello, trae consigo el deterioro del sistema público educativo y los consiguientes despidos masivos del profesorado, como es el caso de este curso.
En lo que respecta a Secundaria y Formación Profesional, a los recortes en plantilla con aumento de ratios, sin tener en cuenta que hay que invertir los términos del elevado abandono educativo que se da en la ESO, hay que añadir las múltiples supresiones de Ciclos Formativos. Esta imposición de un nuevo Mapa Escolar de la FP en Canarias, sin negociación alguna, ha supuesto que todos los sectores educativos hayan alzado su voz contra estas medidas de la Consejería.
Recordar asimismo, la supresión de todos los cursos específicos de las Escuelas Oficiales de Idiomas, la reducción de la oferta en las Escuelas de Arte y la disminución del 54% de los proyectos de mejora de los centros educativos.
Ante esta situación, el STEC-IC exige la contratación inmediata de, al menos, la totalidad de la plantilla que trabajaba el curso pasado, para impedir que el deterioro del sistema público continúe aumentado más, si cabe. A la par que reitera el cese, de momento, de la Directora General de Personal de la Consejería de Educación, por su ineficacia manifiesta.
En septiembre, ya está garantizada un año más la anormalidad del principio de curso. Y los diversos sectores educativos deberán impedir que el curso comience, mientras las plantillas de los centros estén incompletas o sean insuficientes para un funcionamiento digno y adecuado del servicio público de la educación.
Por el Secretariado Nacional del STEC-IC