El STEC-IC convocará asambleas del profesorado en enero para posicionarse frente a la OPE 2018

El STEC-IC considera que la OPE 2018, tal como se pretende llevar a cabo por el Gobierno de Canarias, supone una seria amenaza para la continuidad en el empleo del profesorado interino.

Una vez más, la Administración Educativa ha impuesto en la Mesa Sectorial de Educación, sin negociación alguna, su voluntad de convocar 2041 plazas docentes para 2018, distribuidas en 33 especialidades de Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Esta oferta masiva de plazas, si finalmente se llevara a efecto, supondrá indudablemente el despido de cientos de docentes interinos de Canarias, muchos de los cuales llevan más de 20 años en activo.

Desde el STEC-IC consideramos que tal desproporcionada oferta de empleo generará un impresionante “efecto llamada” de aspirantes de otras Comunidades Autónomas lo que dificultará enormemente el acceso a una plaza, tanto para el profesorado interino como para los aspirantes libres. Ello será más acusado en determinadas especialidades que, con toda probabilidad, no se convocarán en otros territorios.

El rechazo del STEC-IC a esta oferta, de la forma prevista, se fundamenta en los siguientes hechos:

• Se plantea desde la perspectiva de estabilizar las plantillas docentes pero no prevé consolidar el empleo de las personas que ya están ocupando esas mismas plazas.

• El desequilibrio de la oferta, en comparación con otras comunidades, provocará un efecto llamada que mermará las posibilidades de éxito tanto del profesorado interino como del resto de opositores libres de Canarias. Ya estamos recibiendo llamadas de otros territorios interesándose por la convocatoria de Canarias donde, para los mismos cuerpos, se ofertan 874 plazas menos que en Andalucía, lo que supone que la OPE de Canarias representa el 70% de la de Andalucía que cuadruplica nuestra población. Si se quiere evitar el efecto llamada, lo prudente es situarnos en el 25% de la OPE de Andalucía.

• Hay especialidades que llevan hasta 20 años sin ser convocadas y ahora se convocan más del 70% de las plazas actualmente ocupadas por lo que es muy probable que el profesorado interino que no apruebe, se quede sin posibilidades de trabajar en los próximos años.

• De las 1862 plazas de la “tasa adicional de estabilidad”, 1154 (el 62%) se convocarán en 33 especialidades de secundaria, FP y EOI. Eso va a suponer que el profesorado interino de esas especialidades tendrá que soportar una presión extraordinaria debido a la alta concentración de plazas, mientras en el resto de cuerpos y especialidades, apenas tendrán oportunidad de estabilizarse debido a que el número de plazas restantes será mucho más bajo.

• El profesorado mayor de 55 años y las personas acogidas al PROMECI tampoco estarán a salvo ya que, si no queda un colchón de plazas suficientes después de esta OPE, no se les va a poder garantizar un nombramiento.

• De poco o nada servirá la enmienda recientemente aprobada en los Presupuestos Generales de Canarias para 2018, según la cuál las listas de empleo no se reordenarán tras esta convocatoria, puesto que solo las primeras personas de cada lista van a tener posibilidades reales de trabajar en los próximos cursos.

Existen alternativas puesto que, lejos de no celebrarse oposiciones, la distribución de las plazas a convocar se puede escalonar, sin ningún inconveniente legal, hasta el año 2022. Tampoco es de recibo que casi toda la oferta de plazas se concentre solo en 33 especialidades obviando otras muchas. El escalonamiento de la oferta de plazas en distintas convocatorias anuales y la distribución de las mismas entre todas las especialidades, reduciría enormemente el “efecto llamada”, aumentando por el contrario las posibilidades de que las plazas sean ocupadas por aspirantes interinos y libres de Canarias.

Por tal motivo, tras el descanso navideño, el STEC-IC convocará ASAMBLEAS DEL PROFESORADO INTERINO con el fin de informar al profesorado afectado del enorme riesgo que la OPE 2018 supone para su estabilidad laboral y recoger las propuestas de acción que desde el propio colectivo se quieran realizar con el fin de obligar al Gobierno de Canarias a entrar en razón.

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