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El STEC-IC denuncia que la Consejería de Educación abandona a los centros educativos del medio rural

Jueves, 29 de Junio de 2017 12:06:49
Cristina Rivero y Víctor Quintana (STEC-IC).

El STEC presenta un estudio sobre la realidad social y educativa de estos centros en Gran Canaria

 

El STEC ha realizado un estudio pormenorizado de la situación de las diferentes escuelas rurales y los centros incompletos de Gran Canaria. Este tipo de centros suponen el 21% del total de centros educativos de Infantil y Primaria de la isla. La consideración de escuela unitaria o centro incompleto se relaciona con el número de unidades (aulas) existentes en cada centro. Así, las escuelas unitarias contemplan entre 1 y 4 unidades y los centros incompletos, entre 5 y 8.

 

La muestra realizada abarca 37 escuelas rurales y centros incompletos de Gran Canaria sobre un total de 53. Es decir, un 70% de las existentes en la isla a día de hoy.

 

Este tipo de enseñanza desempeña una labor fundamental como eje vertebrador en la conservación del medio rural. Al mismo tiempo, está altamente contrastada su valía como modelo educativo diferenciador, al ofrecer espacios propicios para el desarrollo de experiencias educativas inclusivas e integradoras, en oposición frontal al modelo de “hacinamiento” del alumnado en “macrocentros” que la Consejería de Educación, con su política de recortes, pretende consolidar con carácter exclusivo.

 

El estudio realizado por el STEC-IC viene a poner de manifiesto la alarmante política de desmantelamiento y cierre de este tipo de centros, desarrollada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ello se concreta en la desaparición, durante los últimos 15 años, del 64% de las escuelas unitarias y centros incompletos existentes en la isla. Además, a día de hoy podemos constatar el cierre de cuatro centros de éste ámbito para el próximo curso 2017/18. Esto es, El Rincón, El Pedrazo, Cazadores y El Cortijo de San Gregorio, no perteneciendo éste último al colectivo de escuelas rurales ni centros incompletos pero sí desempeñado una labor educativa integrada en su contexto social, con un claustro comprometido en ofrecer contenidos curriculares adecuados al entorno y al alumnado hasta este curso matriculado en dicho centro. A éste dato, debemos añadir que el 20% de los centros existentes manifiestan sentirse constantemente amenazados con el cierre de los mismos, por parte de la Consejería de Educación y sus servicios de Inspección.

 

Hay que destacar que esta tipología de escuelas no son ajenas a la dinámica general de descenso de natalidad y, por tanto, de matrículas escolares. Sin embargo y pese a ello, se confirman como una opción válida y valorada por la ciudadanía para la escolarización de sus hijos. Baste decir que el 83% de las escuelas unitarias cumplen sobradamente con los requisitos respecto al nivel de matriculaciones requeridos por el Acuerdo Marco de Escuelas Rurales de Canarias suscrito en 2014. Así mismo, el 90% de las escuelas rurales tiene garantizada para el curso 2017/18 las matriculaciones necesarias de alumnado para garantizar su entidad jurídica, por lo que la demanda y aceptación social de las mismas es evidente. Las escuelas incompletas también justifican su existencia con más del 62% de centros cumpliendo con el umbral mínimo exigido según la normativa actual (a falta de incluir la matrícula sobrevenida). Sin embargo, mientras las escuelas rurales están reconocidas y “protegidas” por el artículo 56 de la Ley Canaria de Educación y por el citado Acuerdo Marco de Escuelas Rurales, no es menos cierto que los centros incompletos no cuentan con un marco jurídico específico que contemple sus peculiaridades, lo que se traduce en una inadecuada concesión de recursos, personal y falta de atención para el correcto desarrollo de la actividad educativa.

 

A pesar de la demanda histórica existente en relación a la implementación de servicios complementarios en este tipo de centros, entiéndase acogida temprana del alumnado, transporte escolar, comedor o refuerzo educativo, el 55% de los mismos sólo presentan 1 o ningún servicio complementario que contribuya a mejorar la calidad del servicio que se puede ofrecer a la comunidad educativa. La pertinaz negativa de la Consejería de Educación en cuanto a acceder a la dotación de este tipo de servicios complementarios a las escuelas rurales y centros incompletos de Gran Canaria, viene a corroborar el claro objetivo de “vaciar” los mismos de alumnado para justificar su posterior cierre.

 

Del estudio realizado se desprende que las principales demandas planteadas por los centros giran en torno a la  insuficiente atención a las necesidades educativas especiales, la falta de personal docente y no docente, la falta de mantenimiento y la insuficiente infraestructura educativa para el desarrollo de la actividad cotidiana. Significar que el 60 % de los centros encuestados demandan con urgencia la necesidad de ser dotados con auxiliares administrativos, resultando evidente que la diversidad de carga burocrática que padecen estos centros, aunque su volumen sea inferior, es bastante similar a la de un centro completo. Como ya se ha señalado, otra demanda que se reitera nuevamente por los centros sondeados es la necesidad de dotar a los mismos de transporte, comedor y actividades extraescolares.

 

Para el STEC-IC y en función de los datos constatados en este estudio, es un hecho evidente que para esta Consejería la prioridad no es mantener un sistema educativo adaptado al medio, eficaz, inclusivo y que ofrezca posibilidades de éxito pedagógico como el que pueden ofertar las escuelas rurales de Canarias. Por el contrario, lamentablemente, forman parte ya del paisaje rural grancanario las infraestructuras educativas abandonadas, que han dejado de prestar su servicio como elementos mantenedores del tejido social rural de Gran Canaria, con alto valor ecológico, de identidad cultural y contenido etnográfico.

 

Es cometido de las “autoridades” sostener y potenciar el modelo singular de las escuelas rurales de Canarias, así como del conjunto del Sistema Educativo Público, tal como establece la legislación autonómica. No es lícito que se cierren infraestructuras educativas funcionales integradas en el medio y se dispersen Comunidades Educativas efectivas por criterios meramente economicistas, contribuyendo con ello a degradar la continua mejora de la calidad de vida y educativa de nuestra sociedad y por ende, de nuestros pequeño/as. Se hace imprescindible pues, la coordinación entre las administraciones para promover un desarrollo socioeconómico diversificado, poniendo énfasis al sector primario y servicios en el medio rural. La existencia de una alta densidad de población cuya fuente de vida se basa en el sector servicios y un turismo rural en auge, reclama la protección del medio natural, su gente y sus costumbres. Es decir, todo lo contrario a seguir potenciando con carácter de exclusividad el monocultivo de ladrillo, sol y playa.

 

El STEC manifiesta su compromiso con este modelo de escuela y desarrollo social y exige a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que asuma su responsabilidad y que, más allá de seguir trabajando por el desmantelamiento de las escuelas rurales y centros incompletos de la isla, asuma su valor incuestionable y comience, de una vez por todas, a desarrollar políticas que contribuyan a su permanencia y crecimiento.

 

Gran Canaria, a 29 de junio de 2017

Secretariado Insular de Gran Canaria

Última actualización Jueves, 29 de Junio de 2017 12:10:32
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