La propuesta del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, un engaño con la excusa de la Ley Canaria de Educación

La Consejería de Educación y el Gobierno de Canarias presentaron a los medios de comunicación dicho Plan sin antes trasladarlo a las organizaciones sindicales, ninguneando la negociación y, por tanto, faltándole el respeto a las mismas y a la totalidad de los docentes de Canarias, a quienes representan.

Solo se han negociado las medidas relacionadas con el marco retributivo y el STEC-IC suscribió –junto con el resto de los sindicatos- el nuevo complemento de los sexenios que se ha venido aplicando en todos los territorios del Estado español, salvo en Canarias.

Nos congratulamos por la consecución de dicho complemento, pero sin olvidar la grave pérdida del poder adquisitivo salarial sufrido a lo largo de los últimos veinte años -hasta un 25%- y seguimos reclamando una subida lineal para todo el profesorado que devuelva todo lo perdido por el recorte salarial aplicado a partir del año 2012 al albur de la crisis y que a día de hoy se sigue aplicando, así como por las sucesivas congelaciones salariales sufridas.       Todos los docentes sin distinción merecemos un sueldo digno y rechazamos un sistema retributivo vinculado exclusivamente a complementos, tal y como pretende la Administración educativa y el Gobierno de CC.

La propuesta del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado presentada por la Consejería de Educación y por el Gobierno de CC no solo hace referencia al marco retributivo, sino que diseña un nuevo modelo educativo y por lo tanto plantea cambios sustanciales.

Este Plan busca su justificación en la Ley Canaria de Educación (LEC), sin embargo, la ignora y manipula introduciendo textos de la LEC sacados de contexto e interpretando la ley a su manera.

Además, esta nueva propuesta de Plan no relaciona las mejoras con la calidad educativa y la labor docente, así como tampoco plantea la recuperación de los recortes practicados en las dos últimas décadas, de las ratios, de la jornada laboral, la pérdida del derecho a enfermar sin sufrir una fuerte penalización económica, y la disminución de las plantillas, entre otros. Sin embargo, la Ley Canaria de Educación vincula la dignificación de la labor docente y la mejora de las condiciones laborales tanto al incremento de la inversión en Educación como a los necesarios recursos humanos, materiales y financieros suficientes, a un Plan Especial de Atención a la Diversidad (PEAD), al incremento de los servicios complementarios esenciales, etc.

El Plan propuesto supone un cambio radical del modelo del sistema educativo. Todas las medidas giran en torno a la meritocracia individual y valora la labor docente en función de un rendimiento y productividad personal, concediendo premios a los que esta Administración educativa entiende que son “los mejores”, incentivando la cultura del esfuerzo particular y entendiendo esta manera de proceder como la única forma de mostrar una mayor dedicación al centro.

“Se basará en la personalización del trabajo bien hecho. En la convicción de que el esfuerzo debe ser reconocido…; la mejora de la calidad educativa del sistema pasa por la valoración de los méritos individuales, del esfuerzo personal del docente y la obtención de su correspondiente PREMIO”, dice el Plan. Por consiguiente, desprecia el esfuerzo realizado por el conjunto del profesorado para sacar al alumnado adelante en estos tiempos de recortes y de ausencia de inversión en el ámbito educativo, ignorando el drástico empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales de todo el profesorado. Eso sí, pretende asignarnos el status de “autoridad pública” –adiós a los valores de la convivencia, colaboración, resolución pacífica de conflictos, mediación escolar… - e introducir la evaluación individual de cada docente y la “vigilancia de la salud”, pero sin cuestionar los descuentos por enfermar ni someterse la propia Administración y el conjunto del sistema educativo a una evaluación democrática y global.

No es esa la filosofía ni el contenido de la Ley Canaria de Educación que fue fruto de una iniciativa legislativa popular que aunó más de 35.000 firmas y a diversas organizaciones –entre ellas al STEC-IC- en defensa de una Educación pública, de calidad, democrática y compensadora de las desigualdades sociales.

El STEC-IC exige la negociación del Plan propuesto por la Consejería de Educación y advierte que no apoyará ni meritocracias ni jerarquías en el seno del profesorado. Llamamos al conjunto de los docentes a participar en este debate, ya que afecta directamente a la labor docente y supone un cambio sustancial de las reglas de juego.

Canarias, 31 de agosto 2017

Secretariado Nacional del STEC-IC