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El STEC-IC denuncia que la supuesta discriminación de la Diócesis hacia las docentes se remonta a 2010

Lunes, 18 de Septiembre de 2017 11:32:45

El STEC-IC denuncia que la supuesta discriminación de la Diócesis hacia las docentes se remonta a 2010

 

Ante las inconsistentes explicaciones ofrecidas por la Diócesis de Canarias al respecto de la reciente convocatoria de vacantes docentes, bajo criterios supuestamente discriminatorios hacia las mujeres, en los institutos concertados dependientes de la misma en la isla de Gran Canaria, el STEC-IC quiere denunciar públicamente, que dicha política de contrataciones se remonta, como poco, al año 2010.

 

Esta organización ha tenido acceso al documento “Normas de organización y funcionamiento de los Institutos Diocesanos” aprobado –a propuesta de la propia Diócesis- en junio de 2010 por los Claustros de los tres centros educativos afectados (CPES Sta. Catalina, CPES Sta. Isabel de Hungría y CPES Nuestra Sra. del Pilar) y revisado en 2014. En dicho documento, desde su primera versión de 2010, ya se contempla dentro del baremo de selección de personal docente, un incomprensible apartado denominado “Política de igualdad de género” que, en la práctica y con independencia del mayor o menor peso otorgado dentro del baremo, ha producido una situación de supuesta discriminación hacia las mujeres a la hora de realizar contrataciones docentes.

 

Además de la convocatoria de 2017 ya denunciada, el STEC-IC ha tenido acceso a cinco nuevas convocatorias de plazas vacantes para los tres institutos concertados, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, en las que en total se ofertaron casi 30 vacantes. Al igual que en la convocatoria de 2017, objeto de la denuncia inicial, en todas ellas aparece claramente destacada la nota:

 

“INFORMACIÓN PARA LOS INTERESADOS: Política de género. La puntuación será a favor del género masculino.”

 

Hay que referir que el citado documento de “Normas de organización y funcionamiento de los Institutos Diocesanos” establece explícitamente la obligación de concretar el apartado de política de género en todas las convocatorias.

 

Para el STEC-IC, no estamos ante un hecho puntual, guiado por loables intenciones, (el supuesto equilibrio de los claustros docentes), tal como ha querido dar a entender el Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, al afirmar que desde que “tuvo conocimiento de que se había introducido tal cláusula en la convocatoria ordenó su eliminación inmediata”. Es de todo punto incomprensible pensar que la Diócesis de Canarias desconociera el contenido de sus propios documentos organizativos, que sometió a aprobación de sus institutos diocesanos, así como las convocatorias de personal docente para los mismos. Por otro lado, de nada sirve suprimir tal coletilla en las convocatorias si, de facto, se sigue aplicando la supuesta discriminación de genero al estar contemplado en el baremo de selección. En definitiva, de poco sirven las tibias e incompletas explicaciones ofrecidas por la Diócesis de Canarias, ante una grave situación que pudiera vulnerar no solo el sentido común sino, lo que es peor, el ordenamiento jurídico en cuanto a las leyes de igualdad se refiere.

 

Tampoco parece lícita la explicación que solo se buscaba “equilibrar las plantillas”. Es evidente que, atendiendo a la composición de género de los claustros de dichos centros, a tenor de lo afirmado por el propio Vicario General, desde el primer momento la Diócesis de Canarias era conocedora de que la introducción en 2010 de este criterio de selección solo podía conllevar una situación de desventaja efectiva hacia las mujeres a la hora de acceder a un puesto de trabajo docente en sus centros educativos. El que, en la práctica y pese a la situación de clara desventaja señalada, las contrataciones de mujeres hayan sido superiores a las de hombres en dichos centros concertados durante estos años, no justifica ni suaviza la existencia de un baremo y unas cláusulas, en las convocatorias, supuestamente discriminatorias.

 

Más allá de todo lo anterior, desde el STEC-IC nos preguntamos ¿Dónde ha estado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias durante todos estos años? Para nuestra organización resulta patente que esta situación demuestra, nuevamente, la absoluta despreocupación de la Administración educativa canaria respecto a su obligación de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad por parte de los centros concertados sostenidos con fondos públicos (esto es, con los impuestos de todos y todas).

 

Muy al contrario, el Gobierno de Canarias demuestra una incesante querencia por cerrar centros educativos públicos mientras se esmera en subvencionar centros concertados religiosos y no que, entre otras veleidades, como queda patente, muestran esta supuesta tendencia a discriminar a las mujeres en sus contrataciones de personal docente. La red de centros concertados solo se podría explicar, no sin dificultades, desde la perspectiva de cubrir la demanda educativa existente allí donde la red pública no llega. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos de cierre de centros públicos que año tras año decreta la Consejería, va acompañado del mantenimiento e incremento de las subvenciones a centros educativos concertados radicados en las mismas zonas de influencia.

 

Para ahondar en la gravedad de la situación y concretar el descaro privatizador de la Consejería del Gobierno de Canarias, constatamos que la enseñanza concertada-privada ha incrementado su presupuesto en 5,6 millones de euros durante el periodo 2012-2017, mientras que la enseñanza pública se sitúa con un saldo negativo en materia de inversión, durante el mismo periodo.

 

Desde el STEC-IC consideramos que la educación no puede estar condicionada ni sometida al afán de lucro y/o adoctrinamiento de las empresas privadas e instituciones religiosas, bajo un supuesto derecho a la “libertad de elección” de las familias. La realidad es bien distinta por el hecho, absolutamente constatado, de que los empresarios de la educación (de carácter religioso o no) muestran total desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o las zonas socioeconómicamente más desfavorables. Es decir,”donde no hay negocio, no hay educación concertada”, olvidándose rápidamente, los defensores del modelo, de la necesidad de garantizar la supuesta “libertad de elección” de las familias.

 

Por todo ello, desde el STEC-IC instamos a la Consejería de Educación a apostar definitivamente por un Sistema Público Educativo de calidad para todos y todas y, en consecuencia, revisar su política de conciertos. Igualmente, para nuestra organización es urgente que la Administración Educativa abra inmediatamente la correspondiente investigación a fin de adoptar medidas contundentes en relación a la existencia de una supuesta discriminación en las contrataciones docentes de los tres institutos dependientes de la Diócesis de Canarias.

 

Finalmente, desde el STEC-IC y con independencia de las posibles denuncias que se puedan presentar como organización sindical, instamos al Instituto Canario de la Mujer así como a la Fiscalía provincial y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma para que, si se entendiera existieran motivaciones para ello, actúen de oficio ante la posible vulneración de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres entre otras normativas legales.

 

Las Palmas de GC, a 18 de septiembre de 2017

Secretariado Insular del STEC-IC en Gran Canaria

 

Ver la repercusión de la denuncia en los medios de comunicación en los enlaces, bajo este texto.

 

Última actualización Martes, 19 de Septiembre de 2017 12:42:37
COMENTARIOS DEL ARTÍCULO

   Acepto *  Términos legales
Juan
Lunes, 18 de Septiembre de 2017 18:17:27

Fuerte vergüenza!!!

Fuertes coj*** q se gastan los curitas... Y pagado con los impuestos de todos/as. Fuera la religión de la escuela ya! Fin a los conciertos!

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